Tumba la petición de la oposición para dejarlo sin efecto en Galicia
11 oct 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El grupo del PP se ató ayer con su mayoría parlamentaria al mástil para aguantar la tromba desatada por los tres grupos de la oposición contra el nuevo copago de medicamentos de dispensación hospitalaria. «É un imposto á enfermidade», acusó Montse Prado (BNG). «É terrorismo institucional», dobló su apuesta Eva Solla (AGE), antes de que ambos grupos pidieran conjuntamente con el PSdeG la inaplicación de dicha medida en Galicia. Los populares, en cambio, aguantaron los reproches sin moverse de su línea argumental, defendiendo en solitario el nuevo modelo de cofinanciación farmacéutica que, en opinión de Miguel Santalices, supondrá una «aportación reducida» para los pacientes.
El debate sobre el nuevo copago se produjo en la Comisión parlamentaria de Sanidade, ante dos iniciativas refundidas de AGE y BNG, en las que reclamaban dejar sin efecto una medida a la que la socialista Carmen Acuña aludió como una «crueldade pouco rentable», pues dijo que la Xunta solo recaudará 380.000 euros con ella.
En unas intervenciones encendidas, Prado advirtió de que «os repagos non se poden resolver con programas solidarios de televisión», entretanto Solla subrayó que la consecuencia de no poder acceder a los fármacos «pode ser a morte».
Aun así, Santalices apeló a la necesidad de cumplir una ley básica del Estado, argumento que también defendió Feijoo en la rueda de presa posterior al Consello: «Mentres sexa presidente da Xunta, en Galicia cumpriremos a lei, [...] esteamos en acordo, en desacordo ou parcialmente en desacordo», esgrimió. Los populares frenaron de este modo en el Parlamento las peticiones de la oposición, después de que Santalices remarcara que el copago «suporá un pagamento máximo de 4,20 euros».
Pero la polémica sobre el copago seguirá coleando, pues llegará hoy a la asamblea de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), donde regidores como los de Monforte o Pedrafita abanderan las iniciativas para derogarlo, propósito que se ha marcado también el PSdeG.