El juez sospecha de tráfico de influencias en la ayuda a domicilio de Ourense

p. seoane OURENSE / LA VOZ

GALICIA

La concejala Marga Martín, apoyada por el alcalde, defendió ayer la gestión del servicio.
La concejala Marga Martín, apoyada por el alcalde, defendió ayer la gestión del servicio. miguel villar< / span>

11 oct 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

El juez que investiga la gestión del servicio de ayuda a domicilio de Ourense entre el 2007 y el 2011, que ya ha razonado la existencia de indicios de estafa y malversación, sospecha que también pueda haber prevaricación o tráfico de influencias, aunque, con las pruebas hasta ahora practicadas, no cuenta con indicios suficientes. La coincidencia entre el informe de una funcionaria municipal, que, como dice el magistrado, «recoge de forma absolutamente textual, incluso con el mismo tipo de letra, un anterior correo» entre los exsocios de la adjudicataria, cuando negociaban con el Concello dos modificaciones del contrato, llama la atención al instructor. El juez Antonio Piña, que fijó para el 20 de noviembre la prueba de apertura del correo en los ordenadores personales del concejal y los dos empresarios, podrá comprobar entonces si hay otras comunicaciones de alguno de los empresarios con la edila en las mismas fechas de febrero del 2009, para desentrañar el sentido de la coincidencia en los textos.

La modificación en el contrato inicial de 2007 tenía como objetivo fijar el precio del servicio de dependencia, que el Concello de Ourense encargó a la misma UTE Troncoso Saludges y elevó de forma significativa la facturación final, tanto por el número de usuarios como por tener un carácter diario.

En lo que parece un definitivo empujón a la fase de instrucción, que el juez pretende cerrar en dos meses, ha pedido a la policía un informe sobre el perjuicio causado al Concello por la no prestación del servicio médico-social que la UTE ofertó y no llegó a crear. Este aspecto es el que, en gran medida, sustenta el delito de estafa, que el juez aprecia en el proceder de los empresarios y la concejala, esta última como cooperadora.

La investigación de este caso, iniciado por una denuncia del grupo municipal de Democracia Ourensana, suma más de cinco mil folios, con dieciséis cajas de documentación y once tomos.

Las diferencias entre los exsocios, que concurrieron enfrentados a la nueva adjudicación a finales del 2011, dieron lugar a una sucesión de pleitos promovidos o alentados por el perdedor, José Fermín Troncoso, exdelegado de Sanidade en Ourense con el PP. Los dos empresarios aparecen como sospechosos de estafa.