La acusación mantiene su petición de más de dos años de cárcel para Conde Roa

La defensa del exalcalde de Santiago, procesado por delito fiscal, solicitó la absolución en la vista oral

la voz

Gerardo Conde Roa afronta una petición de pena de dos años y medio de prisión por presunto delito fiscal cometido al no haber pagado a Hacienda 291.289 euros en concepto de IVA por la venta de 61 viviendas construidas por la promotora de la que era administrador único, Geslander Proyectos de Edificación.

Conde Roa, que dimitió como alcalde de Santiago el 16 de abril del 2012 tras ser imputado por el juez Vázquez Taín en esta causa, está ahora en espera de sentencia, tras la vista oral celebrada el pasado miércoles en el Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago, en la que su abogado solicitó la absolución por considerar que Conde Roa no incurrió en responsabilidad penal porque no tuvo en ningún momento intención de defraudar.

Las acusaciones, a cargo de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado en representación de la Agencia Tributaria, coincidieron al mantener sus calificaciones provisionales y considerar a Conde Roa autor de un delito fiscal -es falta administrativa si el importe defraudado no supera los 120.000 euros-, por lo que, además de la pena de dos años y medio de prisión, solicitaron el pago de cerca de 1,2 millones de euros, cantidad correspondiente a la multa y al importe defraudado. La acusación considera que Gerardo Conde, «consciente y voluntariamente y con ánimo de defraudar a la Hacienda Pública», no presentó las declaraciones del IVA ni del impuesto de sociedades del 2010, cuando vendió 61 viviendas por casi 5,7 millones.

El abogado del exalcalde afirmó que en el juicio «quedó probado» que Conde Roa no tuvo intención de engañar al fisco. «No hay delito porque no hay dolo, no hay ánimo de defraudar», insistió Ramón Sabín, quien apuntó que «cosa distinta es la responsabilidad administrativa». El letrado subrayó que la Agencia Tributaria tenía todos los datos de la actividad empresarial de Conde Roa y que los contratos de compraventa estaban formalizados ante notario, por lo que, «aunque quisiera defraudar, no podría hacerlo».

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