La Diputación ourensana prevaricó con las depuradoras, según la UE

La OLAF insta a la Justicia española a actuar ante un posible fraude


OURENSE / LA VOZ

En su informe sobre el caso de las depuradoras de la Diputación de Ourense, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) insta a la Justicia española a actuar ante los supuestos delitos cometidos. En las conclusiones de la investigación se constatan graves irregularidades, por parte de la institución provincial, para favorecer a la empresa adjudicataria de las depuradoras -Soluciones Medio Ambientales y Aguas (SMA)- o a firmas de su grupo, en el caso de las asistencias técnicas. Por eso la OLAF cree necesario «remitir el informe final a las autoridades judiciales nacionales para su consideración» y señala que se podría estar ante presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Además apunta que se debería «comprobar también si los hechos constituyen fraude al presupuesto europeo». Los hechos a los que se refiere son, precisamente, los que han provocado que la Unión Europea reclame, a través del Ministerio de Hacienda, la devolución por parte de la Diputación de Ourense de los 10,1 millones de euros recibidos para los proyectos Daredo y Deputran.

Concursos a medida

En las conclusiones del informe se asegura que se cometieron irregularidades en las convocatorias para la adjudicación de las plantas depuradoras al exigir a los licitadores requisitos «no directamente vinculados con el objeto del contrato y que resultaron discriminatorios», al existir criterios «de adjudicación/solvencia no conformes con las reglas de la contratación pública», al constatarse la existencia «de información confidencial en posesión del licitador que ganó los concursos» y al otorgar solo 5 puntos, sobre 100, al criterio referido al precio de la oferta presentada.

En el caso de los contratos por asistencia técnica, la comisión concluye que la Diputación «simuló la realización de procedimientos negociados de contratación en los contratos de la primera fase del proyecto Daredo. En la práctica, los contratos estaban adjudicados y ejecutándose antes de lanzar los correspondientes procedimientos de contratación». A mayores, apunta que «además, para dar verosimilitud a los procedimientos simulados de contratación, la Diputación manipuló la primera certificación, modificando su fecha, para que esta fuera coherente con la cronología del procedimiento simulado de contratación. Como resultado, tanto en el proyecto Daredo como en el Deputrans todos los contratos de asistencia técnica fueron adjudicados a la misma empresa que en el caso de las plantas depuradoras o a una empresa del mismo grupo».

El BNG emplaza a Feijoo

La exeurodiputada Ana Miranda y el portavoz del BNG en la Diputación, Leopoldo Rodríguez, recordaron ayer en Ourense que ya denunciaron el caso ante la UE en abril del 2012. Además insistieron en que Rogelio Martínez, vicepresidente del organismo provincial entonces y actual delegado de la Xunta, «está relacionado familiarmente cunha persoa da empresa adxudicataria». Desde el BNG se instó a Feijoo a que proceda a su cese.

El pleno de la Diputación decidirá hoy si crea una comisión de investigación sobre el caso de las depuradoras. Lo hará a iniciativa de su presidente, José Manuel Baltar, que hace un año se había negado a constituirla.

La oposición le exige a Baltar que se querelle contra los anteriores responsables de la Diputación por estas irregularidades- el expresidente es su padre, José Luis Baltar- y que se haga responsable, con su patrimonio, de la devolución de las subvenciones europeas.

Hay información «confidencial en posesión del licitador que ganó los concursos»

«Simuló la realización de procedimientos de contratación», apunta la OLAF

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