santiago, ribeira / la voz

El recorte de los presupuestos en las tareas de prevención de los incendios forestales ha reducido los medios para su investigación y para su combate y extinción. Así consta, según informa Europa Press, en la Memoria de la Fiscalía General del Estado del 2012, divulgada ayer, que califica este aspecto como «nuevo».

El documento señala que el año pasado 552 personas fueron detenidas o imputadas por prender fuego al monte. Así, en Baleares indican que el mayor esfuerzo realizado en investigación hizo posible el arresto del presunto autor de una veintena de incendios, y que en Galicia se detuvo al autor de más de un centenar de fuegos. La Fiscalía afirma también que la mayoría de los incendios están causados por una negligencia (uso de maquinaria agrícola, quemas de rastrojos...).

Monte Pindo

Por su parte, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, considera que el actual grado de protección del monte Pindo, que forma parte de la Red Natura 2000, es «plenamente válido» y que haberlo declarado parque natural, como exigían los colectivos ecologistas, «no habría aportado nada desde el punto de vista de la prevención y de evitar ningún incendio», afirmó.

Rueda destacó que el incendio del Pindo, que ha arrasado 2.400 hectáreas de este simbólico espacio, fue intencionado, por lo que declararlo parque natural no lo habría podido evitar. «Ahora hay que identificar y detener al que lo causó», añadió.

El conselleiro de la Presidencia, del que depende la Policía Autonómica, acudió ayer a una zona de monte calcinada en Ames (A Coruña) para participar en un acto junto con los mandos de este cuerpo y de la Guardia Civil en el que se explicó cómo se actúa en la investigación de los incendios forestales.

Rueda estuvo acompañado por la conselleira de Medio Rural, Rosa Quintana, y por el delegado del Gobierno, Samuel Juárez, que indicaron que en lo que va de año se ha detenido a 140 incendiarios. Todos insistieron en reclamar más colaboración ciudadana y en anunciar que la Xunta se personará como acusación en todos los juicios contra incendiarios para reclamar que paguen con su patrimonio el daño causado y el coste del dispositivo de extinción.

Mientras, el vecino de Muros arrestado por la Guardia Civil el viernes por la noche en su casa, y al que imputan siete pequeños fuegos este verano y en los dos anteriores, pasó ayer a disposición judicial. El fiscal pidió su ingreso en prisión y una pena de unos seis meses. El juez optó por no aplicarle un castigo penal dadas sus condiciones personales, y se mostró partidario de ingresarlo en un centro social en el que pueda ser atendido de sus patologías para recuperarse lo antes posible. Por ahora, el hombre fue puesto en libertad con cargos y tendrá que presentarse en el juzgado los días 1 y 15 hasta que tenga lugar el juicio.

Profesionales desbordados

Además, el distrito forestal 4, con sede en Noia y que abarca toda la sierra de Barbanza, se vio desbordado en las dos últimas semanas por el elevado número de incendios que tuvieron que atender. Un trabajador público de este departamento de Medio Rural explicó: «Estuvimos al límite durante muchos días, y en otros estuvimos desbordados, era imposible apagar tantos focos. Además, el viento y el calor acrecentaban la dificultad para trabajar». El mismo trabajador señaló que los incendiarios minaron su moral durante más de una semana. «Cuando íbamos a un fuego que empezaba y desplazábamos efectivos de otro concello, de repente aparecía otro allí y era imposible atender todo. Fue una locura que esperamos no volver a vivir».

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La Fiscalía afirma que los recortes merman los medios contraincendios