Accidente en Santiago: El exjuez Garzón reclama que las imputaciones se amplíen a Renfe

Recurre el auto de Aláez e insiste en indagar quién descartó el ERTMS


Santiago / La Voz

Muchas cosas han pasado en el mes que hoy se cumple desde que el Alvia 150 descarriló en Angrois. La tragedia que le costó la vida a 79 personas y heridas a otras 150, de las que 14 siguen hospitalizadas, se dirime desde entonces en los juzgados de Santiago, donde el juez que instruye el caso, Luis Aláez, no tardó en imputar por imprudencia temeraria al maquinista del tren, Francisco José Garzón. Tras escuchar las declaraciones de todos los testigos hizo lo propio con los responsables de seguridad del ADIF, tras estimar que se omitieron «cautelas elementales» en la seguridad de la vía en el tramo Ourense-Santiago y muy especialmente en la fatídica curva de A Grandeira.

El gestor de las infraestructuras ferroviarias españolas aún no ha identificado a esos técnicos, pero ya ha anunciado que enviará una larguísima lista con todas las personas que tuvieron responsabilidades en materia de seguridad desde que se empezó a diseñar la línea.

Con su auto del día 20, Aláez respondió en buena medida a un escrito del exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que representa a la familia de una de las víctimas, pero rechazó algunas de las diligencias de prueba que le solicitaba. La más significativa fue la de no investigar quién y por qué tomó la decisión de no instalar el ERTMS, un sistema de seguridad que impide que los trenes superen la velocidad máxima permitida en cada tramo. Alaéz justificó su rechazo a esta petición alegando que ni quería ni debía caer en «el reproche político, que de existir tiene su propio cauce a través de las instituciones democráticas», dijo.

Pero el exjuez Garzón no se rinde y ayer mismo presentó un recurso parcial de reforma al auto en el que no solo insiste en pedir que se investigue por qué no se instaló el ERTMS, sino que también solicita que, al igual que se ha imputado a los responsables de seguridad del tramo Ourense-Santiago del ADIF, se haga lo propio con los de Renfe. Y concreta aún más al reclamar que se impute al técnico que elaboró el libro horario y el cuadro de velocidades de este trayecto.

El recurso de Baltasar Garzón insiste en que «la gravedad de los hechos impone que la investigación se haga en forma exhaustiva y no con recortes» para posibilitar «la búsqueda de toda la verdad y de todas las responsabilidades, procedan de quien procedan». El exjuez de la Audiencia Nacional emplea para defender su tesis el propio argumentario del auto de Aláez, al destacar que fue el propio instructor el que determinó que el maquinista no fue el único responsable de la tragedia, ya que consideró que las medidas de seguridad en la vía eran «inadecuadas», precisamente, porque no se contaba con el sistema ERTMS.

La responsabilidad del Estado

«No hay búsqueda de reproche político detrás de la solicitud de las diligencias cuya denegación ahora ocurre, sino la búsqueda de la verdad y la protección a las víctimas por encima de todo», señala el recurso parcial al auto presentado ayer, que añade: «En el presente procedimiento, y como no puede ser de otra manera, se debe dejar la política a un lado, pero no la posible responsabilidad del Estado». En este sentido, el exjuez de la Audiencia Nacional considera que «estamos ante una conducta incorrecta por parte de diversos operadores del ámbito ferroviario susceptible de reproche jurídico y es dentro de este marco, y no de otro, en el que se solicitaron las diligencias denegadas».

El recurso también pide al instructor que reconsidere su negativa a practicar otras diligencias de prueba, como que Fomento informe de los estudios técnicos informativos previos a la planificación y construcción del trazado de la vía en la que se produjo el siniestro. Una información que Garzón califica «de base» y fundamental para el análisis pericial que debe determinar la conveniencia o no del trazado.

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