«Debo dejar de lado el reproche político»

El juez, como en el «Prestige», abre el abanico de responsabilidad más allá del maquinista, pero circunscribe las imputaciones a la esfera técnica y no a la cúpula del ADIF


Redacción / La Voz

Las comparaciones entre el maquinista del Alvia, Francisco José Garzón, y el capitán del Prestige, Apostolos Mangouras, arreciaron cuando desde algunas instancias oficiales se cargaron las tintas en la responsabilidad supuestamente exclusiva del conductor del tren, tal y como en su momento habían hecho -algunos muy recientemente, en el juicio- altos cargos del Gobierno de Aznar con el marino griego. Desde algunos puntos de vista, las frases «cabeza de turco» o «chivo expiatorio» sirven para explicar ese énfasis del poder sobre el supuesto eslabón más débil, para quizás desviar la atención de eventuales responsabilidades de la Administración o incluso impedir que las acciones de la Justicia se cuelen en los despachos de la esfera política de la gestión ferroviaria: los cargos de confianza.

El juez que instruye la causa del accidente de Santiago deja claro en su auto que, como en el caso Prestige, el siniestro se fraguaría en una pluralidad de responsabilidades, sustanciadas en el ámbito de la Administración en los técnicos de seguridad en la circulación del ADIF que están encargados de la línea Santiago-Ourense. Las medidas de seguridad y señalización en el tramo donde se produjo el accidente, razona el juez, son insuficientes para evitar el «previsible error o despiste de un maquinista». De momento, la búsqueda de responsabilidades se centra en la conducción «inadecuada» y en la seguridad vial insuficiente. La primera, por ser la causa directa del accidente en el que perdieron la vida 79 personas. La segunda, por no haber neutralizado el error humano habiendo tecnología suficiente para lograrlo.

La cúpula del ADIF

«No se puede hacer una causa penal general del sector ferroviario». Pese a abrir el abanico de responsabilidades más allá de la cabina del Alvia, el juez Luis Aláez también delimita el objeto de la instrucción y descarta de momento escalar hacia puestos de más responsabilidad política, como al parecer pretendería con una serie de diligencias que han sido denegadas a la parte representada por el exjuez Baltasar Garzón. En el ámbito del debate parlamentario hubo grupos como Izquierda Unida que pidieron directamente la dimisión del presidente del ADIF, Gonzalo Ferre. Pero el juez intenta en su auto definir el escenario penal abierto tras el accidente y diferenciarlo de otros ámbitos donde se dirimen otro tipo de responsabilidades, en este caso políticas. «Debo dejar de lado -como se ha destacado constantemente por la jurisprudencia- el reproche político, que de existir o tener motivos para él tiene su propio cauce», dice en referencia a instituciones como el Parlamento. Después aclara que para que se sustancie el reproche penal no basta que la conducta sea «ética y socialmente censurable», sino que se trate de una conducta «incorrecta, indebida, ilegal, susceptible de reprochabilidad jurídica». En definitiva, el juez Aláez considera que, «por muy graves que hayan sido las consecuencias del accidente ferroviario», no puede abrirse «una causa penal general del sector ferroviario» ni utilizar en la instrucción penal «los parámetros de aquellos otros ámbitos de censura o reprobación».

Los argumentos del juez Aláez son muy similares a los utilizados por la Fiscalía cuando defendió que no debía estar imputado el único cargo público que fue finalmente acusado en el caso Prestige. El fiscal entendía el desasosiego social por la gestión informativa y política, pero creía que la imputación no era sostenible jurídicamente.

La esfera técnica

La seguridad en la vía, un ámbito muy especializado. Los propios presidentes de Renfe y del ADIF dejaron caer en su comparecencia en el Congreso que el ámbito de la señalización y seguridad recaía prácticamente en exclusiva en los técnicos especializados. También negaron que los recortes tuvieran influencia en la seguridad, algo que quizás sí podría poner a los cargos políticos en el disparadero. Pero a diferencia del Prestige, donde la decisión de alejar el barco se basó en condicionantes políticos, la seguridad de la línea estaría en manos de técnicos. Y muy concretos: los responsables de ese tramo. Ni siquiera se busca la declaración del responsable de seguridad en circulación a nivel nacional.

El trazado

Sin relación de causalidad con el accidente. El juez descarta por ahora que el siniestro «encuentre su enlace con posibles defectos en la concepción estructural» del tramo Santiago-Ourense. Argumenta que, si existían estos defectos, no tendrían una relación de causalidad con el accidente, pues si el tren se hubiera ajustado a los límites de velocidad no se habría producido el descarrilamiento. No obstante, unas páginas más adelante asegura que las características de la vía en la curva de A Grandeira «son sumamente comprometidas».

análisis cambio de rumbo en la instrucción judicial

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