Manuel González Capón, alcalde de Baralla desde 1987, es sin duda un superviviente. Procede de los tiempos en los que el centroderecha andaba fragmentado y los populares compartían con el nacionalismo moderado un caladero de votos del que acabaron siendo dueños casi exclusivos. Moderación es precisamente lo que le faltó en el pasado pleno y se lanzó por la peligrosa senda de insinuar que los condenados a muerte por el franquismo algo habrían hecho para acabar así.
Perteneciente a una conocida familia local, trabajó en un banco y ahora dirige en la villa un negocio de funeraria y tanatorio con notable actividad; sin embargo, esa atención no le impide trabajar en el consistorio con una dedicación parcial de 2.000 euros netos al mes.
Sus más de 25 años como alcalde sirven para confirmar que el poder, como decía alguien tan conocedor de sus entresijos como el italiano Giulio Andreotti, desgasta a quien no lo tiene: cada elección municipal equivale en Baralla, por lo general, a amplias mayorías del PP, y en las últimas (2011) confirmó de nuevo esa tendencia logrando ocho de los once ediles. Es también diputado provincial.
La oposición admite que el tono de los debates no suele ser bronco, aunque al alcalde le gusta recordar su amplio respaldo en votos. En el último pleno, en cambio, pareció sufrir un error de cálculo, y las disculpas no han servido para apagar las llamas del incendio que él creó. Lo que tampoco debió de recordar ese día es que el intelectual y político galeguista Ramón Piñeiro, tío de su esposa, sufrió todo el rigor de la cárcel en los años duros del franquismo.