Gobierno y Xunta airean la conspiración

Creen que detrás del debate sobre la seguridad en la alta velocidad española hay «intereses económicos» de empresas competidoras extranjeras que pujan por concursos del AVE


redacción / la voz

Lanzando una tesis que el Gobierno central avala por completo en privado, pero públicamente de momento no explicita, el presidente de la Xunta abrió ayer un nuevo frente en la tragedia de Angrois. Alberto Núñez Feijoo sugirió una especie de conspiración. Vino a denunciar que grupos de presión extranjeros están queriendo utilizar la catástrofe de Compostela para desacreditar la alta velocidad española y así frustrar las posibilidades de empresas del país de lograr allende las fronteras nacionales, en competencia con otras compañías foráneas, contratos para la implantación de servicios rápidos de tren.

En rueda de prensa junto a la ministra de Fomento, Ana Pastor, y al titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, el jefe del Ejecutivo autónomo, refiriéndose al proceso para la averiguación de las causas del siniestro, espetó: «Es evidente que hay muchos intereses al respecto, incluso algunos económicos por parte de determinadas empresas o suministradores de alta velocidad». Y, acto seguido, con especial ahínco, subrayó algo que los técnicos respaldan. En rigor, el trecho donde se produjo el descarrilamiento no puede considerarse estrictamente un trazado de alta velocidad, sino lo que se conoce como un tramo de integración urbana.

Esa idea, la de que el tramo no es estrictamente de alta velocidad, sino mixto, es algo en lo que viene insistiendo la cúpula de Renfe en los últimos días. Para entender esa insistencia hay que tener en cuenta que el impacto del siniestro de Angrois ha dado la vuelta al mundo, ha ocupado decenas de primeras páginas en la prensa internacional y en algunos medios internacionales se empieza a deslizar la idea de la seguridad y la alta velocidad española. Y eso puede tener sus consecuencias en contratos en juego.

Feijoo conjugó su defensa del AVE con la exigencia de no dar nada por sentado en tanto no concluyan las pesquisas. «No vamos a cejar en el empeño de saber la causa o causas que concurren en este accidente, pero pedimos, por respeto a las víctimas, a los heridos, al pueblo gallego y al conjunto de España, que esa investigación se haga con profundidad. No queremos comentarios ni conjeturas, sino conclusiones, rigor», matizó.

El presidente inició la faena de la teoría conspirativa, pero, a la hora de entrar a matar, envió el miura de vuelta al toril. O sea, hurtó los nombres que subyacen en esa supuesta operación de acoso y derribo al AVE. No quiso revelarlos a micro abierto ni tampoco luego, concluida la comparecencia. En Madrid, no obstante, lo tienen claro: quienes ahora aspiran a desprestigiar la alta velocidad española son los mismos que el año pasado perdieron contra el consorcio que conforman OHL, ACS Indra, Talgo, ADIF, Dimetronic, Copasa y Renfe el concurso para la construcción en Arabia Saudí de la línea de alta velocidad La Meca-Medina, es decir, la alianza francesa Alstom-SNCF, que entonces vio cómo se le esfumaban 6.736 millones de euros que creía en el peto.

Las condiciones en Brasil

Ambos equipos, el español y el galo, volverán en breve a medir fuerzas en otro procedimiento internacional de adjudicación: el abierto por el Gobierno de Brasil para el tren bala que unirá Río de Janeiro con Campinas (São Paulo), más de 500 kilómetros de tendido ferroviario que moverá un negocio de 13.000 millones de euros, aproximadamente. Por ese pastel pujarán también italianos, alemanes, canadienses, japoneses y estadounidenses, entre otros.

Se espera que ese contrato se resuelva en los próximos meses. El consorcio español que participa en este proyecto (Fomento, junto a varias empresas) había pedido a inicios de mes una prórroga para su proyecto, prórroga desestimada. Ese concurso incluye una cláusula en la que obliga a toda empresa que participa a demostrar que «no ha intervenido en la operativa de cualquier sistema de alta velocidad donde haya ocurrido un accidente fatal» en los últimos cinco años, un accidente «imputable al operador del sistema». Si fuera responsabilidad del maquinista, el consorcio español podría seguir en el concurso.

El megaconcurso en Brasil excluye a consorcios que hayan tenido accidentes

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