Presente en esa misma comparecencia, la titular de Fomento, Ana Pastor, descargó culpas igualmente en el conductor, pero de manera implícita, más sutil, sin citarlo. Primero, la ministra rompió una lanza en favor de las modernas prestaciones y del estado de la red ferroviaria del país. Luego, sentenció: «En España hay un ordenamiento jurídico, unas normas de seguridad que tienen que ver con la vía, con el tren y con quien opera el ferrocarril, y esas normas se tienen que cumplir». La puntilla.
Del otro lado de la barrera, el Sindicato de Maquinistas (Semaf) expresó su «sorpresa» por la «rápida detención e imputación» de Garzón. De hecho, el secretario general de la organización, Jesús García Fraile, acusó a las autoridades de estar obrando de modo «incorrecto». Una opinión que comparte la plataforma ciudadana constituida para apoyar al conductor, cuyo presidente, Jesús Pereira, cifró en 37.508 las firmas de adhesión a la causa recabadas.
