Imputados seis funcionarios más en la trama forestal de Vimianzo

Ya hay 26 personas implicadas en una red que supuestamente utilizaba datos de propietarios de fincas para obtener ayudas de fondos europeos


Cee / La Voz

Los perjudicados siempre los consideraron la piedra angular de la trama de reforestaciones irregulares conocida como caso Maceiras y ahora el juez de Corcubión que lleva el caso, Iván Barallobre, los ha incluido en la lista de imputados en la que hay ya 26 personas. Todas ellas aparecen implicadas en una red que supuestamente utilizaba datos de propietarios de fincas forestales, sin su conocimiento, para obtener ayudas procedentes de fondos europeos.

Se trata de la jefa del Distrito Forestal V con sede en Vimianzo, Sara Romero Sueiras, y los agentes Xoán Camafreita Pastoriza, José García Capelo, Pablo Vidal Ces, Antonio Díaz Otero y Xosé Manuel Calvo Gómez que aparecen como firmantes de las inspecciones de campo y otros procedimientos en la mayor parte de los más de 100 expedientes investigados que sumarían un presunto fraude de 1,8 millones de euros, que algunas fuentes del caso elevan hasta los tres millones, habida cuenta de que todavía no se conoce la verdadera dimensión del entramado.

Estos funcionarios, por boca de la propia Romero Seijas, siempre defendieron la adecuación de sus actuaciones a la legalidad e insistieron en que la parte que le tocaba a ellos de la tramitación de las ayudas se hizo conforme al protocolo marcado en la normativa de la Xunta, con lo que correspondería a otras instancias de la Administración comprobar si las declaraciones juradas de propiedad y otros documentos eran o no auténticos. Incluso recibieron el apoyo decidido de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), que les mostró su «total respaldo» porque «los distritos no aprueban ni de deniegan subvenciones», por lo que consideraba que «no deben ser acusados en falso».

Sin embargo, para muchos de los cerca de 300 afectados conocidos y para el sindicato Fruga que los representa nunca fue comprensible que el empresario Manuel Maceiras Hermida, supuesto cabecilla de la trama, y sus colaboradores montasen sistema tan complejo sin la connivencia y participación de empleados públicos adscritos a la Consellería de Medio Rural.

Consideran que algunos trámites como las inspecciones de campo positivas en terrenos que nunca fueron plantados o en los que no se hizo el correspondiente mantenimiento que estaba subvencionado solo son posibles con irregularidades dentro de la propia Administración, puesto que era preceptivo que los titulares de las fincas estuviesen presentes en esos exámenes y la gran mayoría ni siquiera sabían que se había solicitado una ayuda en su nombre.

Estas nuevas imputaciones, que ahora salen a la luz, respaldan la posición de los denunciantes, que ya se han constituido como parte en el proceso, y mantienen que todavía falta mucho para conocer el alcance real de esta supuesta estafa, con epicentro en Vimianzo, pero que se extiende por otros municipios de la Costa da Morte e incluso, según las últimas informaciones, podría tocar a otras zonas de fuera de la provincia.

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