Se da otra semana para «relativizar y suavizar» el papel de las diputaciones
20 jul 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Después de un año de sucesivos bandazos en su estrategia para reducir duplicidades y tratar de racionalizar el gasto en la Administración local, el Gobierno central todavía necesita una prórroga. En contra de la previsión de aprobar el proyecto de ley en la reunión de ayer del Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha decidido darse una semana más para afinar los contenidos y evitar un cisma que el municipalismo y las comunidades autónomas, entre ellas Galicia, afrontarían a rebufo del informe crítico del Consejo de Estado. El objetivo es aproximar el texto a las recomendaciones del consultivo, de forma que llegue a la fase de tramitación parlamentaria con opciones de suscitar acuerdos. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, avanzó que se revisará el coste estándar para no quitar competencias a los municipios y se «suavizará» el papel de las diputaciones.
Aunque Hacienda quiso quitarle hierro en una primera lectura, el varapalo del órgano que preside Romay Beccaría ha resultado determinante. En el informe que dio a conocer el pasado día 2, el Consejo de Estado dictaminó que el anteproyecto colisiona con el artículo 140 de la Constitución por reducir «en exceso» la autonomía municipal con el «vaciamiento competencial de los ayuntamientos». La reprobación afecta a una idea medular de la reforma, como es la retirada de servicios a los municipios para engordar las diputaciones, pero también para aumentar las obligaciones de las comunidades autónomas sin contrapartida presupuestaria alguna. En el caso de Galicia, la Xunta tendría que asumir servicios que ahora cuestan a los concellos unos 300 millones de euros al año. El consultivo puso en cuestión un concepto clave en esa vía abierta al desmantelamiento de competencias municipales: el coste estándar. Determinó que, con la previsión que recoge el borrador de supeditar la prestación de servicios por los concellos a que puedan hacerlo con ese coste fijado por Hacienda, el ministerio está dejando un cheque «en blanco» al Gobierno para retirar competencias locales. Según trasladó Montoro al presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, el ministerio sustituirá ese coste estándar por el coste efectivo de prestaciones, para que los municipios no pierdan sus competencias.
Las tesis de Galicia
En este aspecto crucial de la reforma, en el que el Consejo de Estado se alinea con las tesis que defienden tanto la Fegamp como la Xunta, que en sus alegaciones al anteproyecto demandan que se atienda el peso de factores como la dispersión y el envejecimiento poblacional en el mayor coste de prestar servicios en Galicia. En el municipalismo circula la idea de que Hacienda excluirá el coste estándar del proyecto de ley, para desarrollarlo en un decreto a parte.
El órgano consultivo también reprobó el engorde competencial de las diputaciones, cuyo cometido, advirtió, debe estar más orientado a asistir y coordinar a los ayuntamientos. En este punto, Montoro quiere «relativizar y suavizar» ese papel.
En los 12 meses que lleva dando vueltas a una reforma local con la que prevé ahorrar 7.000 millones, el Gobierno ha modificado su intención de rebajar el 30 % de los ediles, lo que en Galicia supondría prescindir de 1.143 de los 3.811 actuales. También ha dado marcha atrás en su pretensión de limitar la retribución de los cargos locales al 0,6 % del presupuesto de cada corporación, que en Galicia implicaría meter la tijera a la nómina de 174 alcaldes.