El fiscal pide 7 años de cárcel para el ex subdelegado, 4 para el jefe de tráfico, y penas de menos de dos años para 22 políticos y particulares
14 jul 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Fue un pinchazo telefónico el que en el 2008 provocó por casualidad una de las macrooperaciones judiciales abiertas en Lugo por Estela San José, la trama para sacar multas de tráfico. Durante la conversación intervenida una persona le decía a otra que podía evitar la retirada de puntos.
Aquel fue el pequeño hilo suelto del que tiró la jueza y que ahora va a acabar sentando en el banquillo a un total de 24 imputados, entre ellos el entonces subdelegado del Gobierno durante el mandato socialista, Jesús Otero, que dimitió poco tiempo después, o el jefe de Tráfico en aquella época, Julio González Díaz, que tras un tiempo de baja fue reintegrado a las oficinas de tráfico, donde estuvo ejerciendo hasta hace unos pocos meses, cuando fue trasladado a otro puesto de la administración central en Lugo.
Penas
La mayor pena que ahora pide el fiscal es para Jesús Otero: siete años de prisión por delitos continuados de prevaricación, falsedad y tráfico de influencias; además de 29 años de inhabilitación y una multa de casi 25.000 euros. El fiscal considera probado que recibía peticiones de políticos y particulares para que les anulase alguna multa de tráfico y él lo hacía mediante llamada a Julio González Díaz. Para este pide una pena de cuatro años y nueve meses, casi 20 años de inhabilitación y multa de 13.600 euros por delitos de prevaricación y falsedad documental. Considera probado la fiscalía que tras la llamada del subdelegado, el jefe de tráfico colocaba una pegatina sobre la multa en cuestión con las siguientes iniciales POS (por orden del subdelegado) y TS (terminado por sobreseimiento). Quien ejecutaba la orden era la jefa de sanciones de tráfico, Consuelo Fernández Mouriño, para la cual pide el fiscal casi la misma pena que para su jefe: 4,6 años de prisión, 17 de inhabilitación y multa de ocho mil euros, porque entiende que participó en los mismos delitos continuados de prevaricación y falsedad documental, ya que sabía que estaba anulando irregularmente las multas.
Con este procedimiento, decenas de sanciones iban directamente a la papelera y el infractor no pagaba la multa ni perdía los puntos del carné.
Entiende el fiscal que los tres actores cometieron delitos continuados de falsedad documental y prevaricación pero además el que era el subdelegado, incurrió en tráfico de influencias.
La jueza San José había imputado a un total de 78 personas, pero el fiscal solo incrimina a 24 de ellos, que serán los que irán a juicio, si no llegan a un acuerdo con la fiscalía previamente. Del resto, algunos fueron excluidos del caso por no apreciar la fiscalía indicios suficientes, y otros serán citados probablemente como testigos porque fueron mencionados como intermediarios para pedir el favor, pero no quedó probado.
Una larga operación
El pinchazo telefónico fue el detonante de una larga investigación que en diciembre del 2008 ordenó un registro en las oficinas de tráfico de Lugo, que fueron cerradas al público durante un día entero. A medida que la jueza fue examinando la documentación hallada fue citando a declarar a quienes se habían beneficiado supuestamente de la retirada de las multas, hasta alcanzar la cifra de 78. Ahora el fiscal rebaja el número total hasta los 24.
Al margen de los tres cabecillas de la operación, el fiscal pide penas de menos de dos años para otros 21 imputados, que son aquellos que considera probado que pidieron la retirada de una o varias multas y cometieron tráfico de influencias. Para el Deán de la catedral de Lugo y ex vicario del obispo, Luciano Armas, un año y nueve meses de prisión; y para el funcionario de la Xunta, José Luis Galán Torre, un año y seis meses, así como el mismo tiempo de inhabilitación a ambos.
Para el resto de imputados el fiscal pide 1,3 años de prisión y diversos años de inhabilitación, así como multas en proporción a las sanciones no pagadas. Son el diputado autonómico del PP José Manuel Val Alonso; el ex delegado en Lugo de la Consellería de Cultura de la Xunta, Xoán Xosé Molina; el ex diputado autonómico socialista Miguel Ángel Fernández; el alcalde de Muras, Issam Alnagm (PP); el de Pedrafita, José Luis Raposo (PSOE); el ex alcalde de Meira, Antonio de Dios (Independiente-PSOE); el ex concejal de seguridad y policía local de Lugo, José Rábade Arias (PSOE); el ex concejal del Bloque de Sarria, José Luis Castro Páramo; un ex concejal del PP en Quiroga, Álvaro Macía; y un chófer de la consellería de Medio Ambiente en Lugo, José María Gómez Lombao.
Por último, el fiscal también pide un año y tres meses de prisión para nueve particulares, sin cargo alguno conocido. Y no pide pena para 54 de los inicialmente imputados por la jueza, muchos de ellos políticos.