El director de Costas, Pablo Saavedra, defiende que la reforma solventa la situación de los núcleos rurales y señala que la Xunta tiene la llave sobre la continuidad o no de Ence en la ría de Pontevedra.
-Galicia es una de las comunidades con más viviendas afectadas por la reforma. ¿Puede ser una solución para sus propietarios?
-Sin duda. Galicia estuvo siempre presente en los trabajos para reformar la ley. Aquí la especificidad tiene que ver con la zona de servidumbre y la cantidad de viviendas, y lo confuso que era el régimen jurídico en 1988 y la propia situación urbanística en Galicia. De ahí que fuera necesaria una clarificación, porque la regla era muy rígida. Ahora nos queda trabajo intenso con cada uno de esos núcleos. No es amnistiar cualquier situación, pero en Galicia había un problema y creo que la ley lo soluciona.
-¿En qué medida la falta de planeamiento en muchos municipios puede ser un obstáculo?
-No debe serlo. La Ley de Costas no va a entrar en cuestiones de ordenación del territorio, que competen a la Xunta. Son dos realidades diferentes. Se puede avanzar en ordenación del territorio, un proceso que en todo caso hay que hacer y que está en marcha. Y por otro lado hay un mecanismo específico en la ley que exige delimitación de suelo pero en el que se puede avanzar sin ningún problema, haya o no planificación.
-¿Los plazos serán suficientes?
-Deben serlo. La ley no exige, en todo caso, que haya una aprobación formal del planeamiento. Lo que exige es la delimitación, con arreglo a los criterios urbanísticos y de ordenación del territorio, por una parte, y de la Ley de Costas, por otra.
-¿Bastará, por tanto, con acreditar el cumplimiento de los requisitos en cuanto a accesos y consolidación edificatoria?
-Eso es. El cumplimiento de los requisitos que establece la ley. Y por eso distingue entre situaciones con y sin planeamiento.
-¿Qué peso tendrá el informe de la Xunta en la decisión del Estado sobre la prórroga de concesiones en dominio público? En concreto, en el caso de Ence.
-El informe de la Xunta es determinante. La decisión última es del Estado, porque tiene la garantía del respeto al dominio público marítimo-terrestre. Lo contrario supondría dejación de competencias. Y el Estado tiene que motivar si su decisión se separa del informe autonómico. Es una prórroga, no una amnistía. Hay que contar con un título en vigor a prorrogar. Y no puede ser automático, porque ese informe autonómico es para comprobar que, pese al tiempo transcurrido desde que se concedió el título, esa ocupación del litoral sigue siendo respetuosa con la protección ambiental.