Alega que «estrechar» competencias municipales no es inconstitucional
04 jul 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El Gobierno central se mantiene en sus trece con la reforma local. Después del contundente dictamen en el que el Consejo de Estado cuestiona la constitucionalidad de un anteproyecto que apuesta por engordar las diputaciones a costa de retirar competencias a los municipios, el Ministerio de Hacienda sostiene que el informe le da la razón en el núcleo de la reforma y ratifica incluso su previsión de llevarla al Consejo de Ministros este mismo mes. Es una lectura enfrentada a la que realiza la Fegamp, que entiende que el dictamen del órgano que preside Romay Beccaría abre un «novo escenario» que obliga al Gobierno a retomar la negociación para buscar un consenso amplio con el municipalismo.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, defendió ayer que, más allá de aspectos puntuales, el órgano consultivo «deja clara la legitimidad constitucional del Gobierno para legislar una regulación normativa uniforme y de vigencia en todo el territorio español». Beteta señaló que Hacienda estudiará las observaciones que plantea el Consejo de Estado, que no son de obligado cumplimiento para el Gobierno, aunque subrayó que son «en su mayor parte procedimentales y de técnica jurídica». El ministerio dice entender que el órgano consultivo objete que se produce una limitación de la autonomía local, pero esgrime que esto obedece a que por vez primera «se ordenan y clarifican las competencias de los ayuntamientos». Sin embargo, en este aspecto, la posición del Gobierno colisiona frontalmente con la del Consejo de Estado. Mientras este órgano advierte en su informe que se produce una reducción «en exceso» de la autonomía municipal con el «vaciamiento competencial de los ayuntamientos», que atenta contra el artículo 140 de la Constitución, el Ministerio de Hacienda replica que «no se puede concluir que sea inconstitucional». Beteta reconoció que de la aplicación de la reforma prevista resultará «un marco competencial más estrecho que el que se definía hasta ahora en la Ley de Bases de Régimen Local», pero recalcó que no puede afirmarse por ello que «atente contra la garantía institucional de la autonomía local».
Al Congreso en septiembre
En relación al coste estándar que determinará cuáles son los concellos que perderán los servicios que pasarán a engordar las Diputaciones, el secretario de Estado precisó que Hacienda incorporará al marco legal una regulación más clara de esa fórmula que pretendía dejar para un decreto posterior. En cambio, eludió las observaciones sobre las Diputaciones, que el Consejo de Estado recuerda que tienen un papel más funcional de «asistir» a los municipios, frente al protagonismo que les da la reforma.
Fuentes consultadas en Hacienda apuntaron que se tendrá en cuenta el informe del órgano consultivo para adecuar el texto que finalmente remitirá al Consejo de Ministros a finales de mes, para la entrada del proyecto de ley en el Congreso en septiembre.