El armador reclama al Gobierno 5,3 millones por «hundir» el «Prestige»

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Imagen tomada desde un remolcador de los momentos previos al hundimiento del «Prestige», el 19 de noviembre del 2002.
Imagen tomada desde un remolcador de los momentos previos al hundimiento del «Prestige», el 19 de noviembre del 2002.

El propietario considera que este era el valor del petrolero cuando tuvo el accidente

03 jul 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

La «chatarra flotante» con la que algunos abogados del juicio definen al Prestige vale siete millones de dólares (unos 5,36 millones de euros). Esta es la cantidad que la acusación de Mare Shipping -la empresa propietaria registrada en Liberia- reclama al Estado español por considerarlo responsable del hundimiento del petrolero, causado por una serie de «medidas negligentes» que provocaron la «ruina progresiva del buque» y el consiguiente «daño patrimonial» a la empresa armadora.

Se trata de una paradoja más del caso Prestige. La Justicia griega fue incapaz de embargar los bienes del armador para satisfacer una fianza de 87 millones -vendió toda su flota y cambió su domicilio en Atenas-, el propietario no ha dado la cara en más de diez años de proceso judicial y podría darse la circunstancia de que, si el ex director general de la Marina Mercante es condenado, el Estado se vería obligado a pagar al menos parte del coste del buque. Y ello a pesar de que la Fiscalía considera a España una «víctima» de un modelo «fraudulento» de transporte de hidrocarburos.

María José Rodríguez Docampo, la letrada coruñesa que ejerce la acusación en representación del propietario, no especificó ayer en sus conclusiones la cifra que reclama a la Administración española. Tan solo se refirió de forma genérica al daño patrimonial infringido al naviero por negar al buque la posibilidad de refugio. Es en su escrito de acusación donde se detalla que el acusado «deberá ser declarado responsable civil directo del daño sufrido por mi representado por la destrucción de su buque en cuantía de siete millones de dólares o su contravalor en moneda europea a la fecha de la sentencia». Si José Luis López Sors resulta condenado, la Administración General del Estado, matizan, «deberá ser declarada responsable civil subsidiaria».