Santiago pagará con dinero público la defensa de un edil imputado en la Pokémon

La comisión de gobierno, del PP, aprobó que el Concello abone la minuta del abogado de Adrián Varela. La decisión abre la puerta a que otros seis concejales hagan la misma petición


santiago / la voz

La casi completa paralización del Concello no será la única consecuencia que para los vecinos de Santiago tenga que cinco miembros del ejecutivo local, del Partido Popular, hayan sido imputados en la operación Pokémon, entre ellos el propio alcalde, Ángel Currás. También podría salirle muy caro en abogados, ya que la comisión de gobierno aprobó este mes pagar con dinero público la defensa legal de uno de los ediles imputados, concretamente, la del de Deportes, Adrián Varela.

Fue el propio concejal el que solicitó que el Concello se hiciese cargo de la minuta de su abogado, Javier Míguez Poza. Varela argumentó que su imputación en la Pokémon, en la que se investiga una presunta trama de corrupción política, se produjo como consecuencia de las funciones que ejerce en el Concello y el secretario municipal informó favorablemente la petición.

Adrián Varela está imputado por falsedad documental, tráfico de influencias y cohecho y fue a declarar el pasado día 17 ante la jueza de Lugo que instruye el caso, Pilar de Lara. La decisión de pagarle el abogado con fondos públicos es anterior a su interrogatorio por la magistrada, ya que la comisión de gobierno la adoptó tras la propuesta por escrito del edil, que se produjo el 30 de mayo.

No antes de una absolución

La doctrina del Tribunal Supremo es favorable a que los cargos públicos que se vean inmersos en procesos judiciales puedan pasar la minuta de sus abogados a la Administración a la que representan, pero siempre y cuando hayan sido antes absueltos de las acusaciones que se habían formulado contra ellos. Esto en modo alguno se ha producido en el caso del edil de Deportes de Santiago y es lo que ha levantado la indignación en el propio Ayuntamiento, donde los funcionarios critican que mientras se recortan sus derechos y salarios se pague la defensa legal de un edil imputado. Fuentes jurídicas consideran un «despropósito» esta decisión «porque podría darse el caso de que se pagase con fondos públicos el abogado de un concejal que luego resulte condenado por corrupción».

La decisión de pagar la defensa legal de este edil abre además una puerta peligrosa para las arcas de la ciudad. Es un precedente al que podrían acogerse el resto de los concejales de la corporación imputados en la operación Pokémon y en otros casos. Y no son pocos. En total, en lo que va de mandato siete ediles -seis del PP y uno del PSdeG- han resultado imputados, de los que solo dos han dimitido: el exalcalde, Gerardo Conde Roa, y el exconcejal de Seguridade Cidadá, Albino Vázquez.

Los dos están imputados en la operación Pokémon, al igual que el actual regidor, Ángel Currás; la concejala de Xuventude, Rebeca Domínguez, y el propio Varela. Además, el responsable de Obras, Juan de la Fuente, está imputado en el caso de las facturas falsas. Por parte del PSdeG, también está inmerso en un proceso judicial Bernardino Rama, imputado en el caso Montebalsa, en el que se investigan presuntos amaños en las adjudicaciones de obras en la época en la que el socialista era concejal de Obras, durante el último mandato de Xosé Sánchez Bugallo.

El acuerdo aprobado por la comisión de gobierno compostelana acepta «que se aprobe que os gastos de representación e defensa procesual do concelleiro que subscribe no devandito procedemento xudicial [...]sexa asumido polo orzamento municipal de acordo os dereitos que como membro da corporación lle asiste [...], sen prexuízo da posterior fiscalización que se derive das minutas correspondentes».

El acuerdo no pone, por tanto, ningún límite previo al montante de la factura que supondrá para las arcas públicas la defensa de Adrián Varela, que además cobra un sueldo del Concello.

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