El Parlamento aprueba la Lei de Estradas con críticas por prever tasas para usuarios
GALICIA
El PP desoye la propuesta de Rajoy y dice que mantendrá intacto el Consello de Contas por tener rango estatutario
26 jun 2013 . Actualizado a las 13:34 h.El Parlamento gallego aprobó ayer solo con los votos del grupo del PP la nueva Lei de Estradas de Galicia, que sustituye al texto impulsado en 1994 por el Gobierno de Fraga y con José Cuíña al frente de la Consellería de Obras Públicas. La nueva normativa nace con vocación de darle «continuidade á segunda etapa de transformación de Galicia», en palabras del diputado del PP Alejandro Gómez Alonso, si bien los grupos de la oposición se afanaron el criticar el documento por entender que abre la puerta al establecimiento de tasas a los usuarios por el uso de las infraestructuras de transporte.
Tanto el PSdeG, como Alternativa Galega de Esquerda (AGE) y el Bloque Nacionalista Galego votaron en contra de la nueva ley, que entrará en vigor con carácter inmediato tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia, y justificaron su posición básicamente en el artículo 31 de la nueva norma, que alude a la generación de recursos por la explotación de las carreteras.
El artículo en cuestión especifica que los viales autonómicos podrán «xerar recursos económicos» en favor de la Administración bien mediante el «establecemento de taxas creadas» con arreglo a la normativa tributaria, bien mediante la enajenación de terrenos de carácter patrimonial que formen parte de la red de carreteras o incluso por la recaudación de indemnizaciones por daños, multas coercitivas o sanciones.
«Vostedes pretenden que os galegos teñan que pagar polo uso das estradas e eso parécenos unha barbaridade», denunció la diputada Ana Pontón (BNG), en sintonía con las dudas expresadas por las demás fuerzas de la oposición. «Por moitas voltas que lle dean», remarcó Antón Sánchez (AGE), lo cierto es que, en su opinión, «poderanse establecer» cobros en cualquier vía autonómica.
El PSdeG mantuvo una posición más templada, pues Raúl Fernández dijo que compartía la exposición de motivos del texto, pero no así el articulado, y sostuvo que es un proyecto gestado de un modo «opaco e con afán recadatorio», que solo tiene por objeto servir «de tapadeira» a la «inactividade» de la Xunta y al desplome de la licitación pública.
El popular Gómez Alonso, en cambio, rechazó con «rotundidade» la interpretación hecha por los grupos de la oposición e insistió en que la nueva ley no hacía referencia a «ningunha taxa concreta». Es más, dijo que cualquier aplicación de una tarifa de circulación debería hacerse mediante una ley diferente, promovida por la Consellería de Facenda, para regular las tasas y precios públicos.
El debate parlamentario subió de tono en ese punto, después de que AGE acusara al PP de promover un «saqueo» con esta ley en favor de los constructores, lo que ha llevado a Gómez Alonso a afirmar: «Nunca encontrarán unha foto dalguén do PP no iate dun construtor», dijo, provocando con ello una sonora protesta, con diputados desde su escaño aludiendo a la foto de Feijoo en un yate con el narco Marcial Dorado.
Defensa del Consello de Contas
La propuesta lanzada por el Gobierno de Mariano Rajoy dentro del plan de reforma y racionalización de la Administración pública, en el que emplaza a las comunidades a suprimir las defensorías del pueblo y los consejos de cuentas autonómicos, traspasando sus competencias al Defensor del Pueblo y al Tribunal de Cuentas, tal y como hizo Castilla-La Mancha, no va a tener efecto alguno en Galicia.
Así lo expresó ayer la diputada Herminia Pouso en nombre del grupo del PPdeG, que sustenta al Gobierno de la Xunta, durante el debate del último informe elaborado por el Consello de Contas, al remarcar ante el Parlamento que se puede «ter a tranquilidade» de que el órgano fiscalizador de las finanzas públicas «non vai desaparecer», pues adujo que tenía reconocimiento en el Estatuto de Autonomía, concretamente en el artículo 53.
Pouso Maneiro disipó con estas palabras cualquier duda que pudiera haber sobre la continuidad de estos organismos, después de que el diputado de AGE David Fernández Calviño manifestara que el debate sobre el informe de Contas podría carecer de utilidad, a la luz de los planes trazados por el PP a nivel del Estado para suprimir este tipo de organismos. También el socialista Carlos González Santín se refirió a la reforma administrativa que impulsa el Gobierno de Rajoy, deseando que la de ayer «non sexa a última ou unha das últimas» intervenciones que se celebran en el pleno del Parlamento gallego sobre el Consello de Contas, dijo, antes de defender la continuidad de este organismo y del Valedor do Pobo.
El debate se produjo justo después de que el pleno renovase una de las vacantes de Contas, al promover al exconselleiro de Presidencia Dositeo Rodríguez para ocupar la silla que quedó vacante hace ocho meses por el fallecimiento del también exconselleiro José Antonio Orza.
Esta renovación era la prueba palpable de que el PP apostaba por la continuidad del órgano fiscalizador. Pero para no dejar el mínimo resquicio de duda, la diputada Herminia Pouso lo refrendó posteriormente al asegurar que la propuesta del Gobierno de Rajoy era una mera «recomendación de Madrid».