Recurre su imputación por inexistencia y nulidad de diversas pruebas
15 jun 2013 . Actualizado a las 18:35 h.La causa judicial abierta contra el exministro José Blanco en el marco del caso Campeón ha llegado a un momento clave al tener que decidir la Sala de Recursos del Tribunal Supremo si ve indicios que den pie al procedimiento abreviado previo a la apertura de juicio, si es necesario practicar nuevas investigaciones o, por el contrario, debe procederse a su archivo. Buscando la última opción, la defensa del socialista ha presentado un recurso de apelación en el que además de solicitar la nulidad de las actuaciones judiciales por irregularidades en la instrucción, trata de demostrar en 51 páginas que el exministro no incurrió en el tráfico de influencias que se le imputa en la concesión de la licencia para una nave del grupo Azkar en Sant Boi. «Advertir un tráfico de influencias es una completa fantasía», apunta el abogado Gonzalo Martínez Fresneda en el escrito, donde explica que Blanco se limitó a facilitar una reunión entre su amigo y empresario José Antonio Orozco y el alcalde catalán ante las dificultades con las que la firma de transportes se encontraba para explicar y validar un proyecto que generaría 400 empleos.
«No hizo nada más; ni habló con el alcalde, ni contactó con él, ni mucho menos le influyó, ni presionó, ni le coaccionó, ni se prevalió de ninguna relación de superioridad ni de ningún otro tipo para que hiciera nada en absoluto», abunda el recurso.
Además de aducir inconsistencia de las pruebas, la representación de Blanco trata de convencer a la sala de que la causa está motivada por intereses extralegales. «Habrá pocos casos en la historia judicial reciente, así lo esperamos, donde un proceso fundado sobre la nada se haya utilizado por fines personales, profesionales o políticos, sobre los que no vamos a elucubrar, para atentar contra la reputación de un imputado cuya conducta no merece ser objeto de una condena», apunta la defensa. El escrito señala que, por ello, a medida que se diluían acusaciones como la de cohecho o prevaricación se buscaron «nuevos nichos de investigación» con actuaciones secretas y sin autorización judicial.