La piqueta se emplea de forma desproporcionada, aunque básicamente como metáfora de las ilegalidades urbanísticas. Se aplica, por ejemplo, para designar la situación de las 12.500 viviendas de los 855 núcleos rurales que no reconoce la Ley de Costas. La posibilidad que abre su revisión para regularizar al menos 4.500 de esas construcciones se interpreta como una forma de salvarlas de la piqueta, cuando en realidad la norma no prevé alterar la situación de las que no se legalicen, ni tampoco agilizar el derribo de aquellas que cuentan con órdenes de demolición que se demoran durante años en los tribunales. Al contrario. La reforma desbroza un atajo legal para demorar la ejecución de las multas coercitivas a los propietarios, a la espera de que el Ministerio de Medio Ambiente se pronuncie sobre la rebaja de la zona de servidumbre para regularizar las aldeas en las que se encuentran esas obras.
Más de 700 casos en la costa
La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística tiene en marcha 732 órdenes de demolición en el litoral. De ese total, 106 son de edificaciones en zona de servidumbre, que la reforma de la Ley de Costas ha rebajado de 100 a 20 metros del mar. Esos 106 propietarios se verán favorecidos por la suspensión temporal de las multas coercitivas, que será definitiva si Medio Ambiente regulariza la aldea en la que está su vivienda.
Solicitud de los ayuntamientos
Serán los 34 concellos en los que se localizan esas 106 edificaciones los que tengan que mover ficha, al incluir esa petición de suspensión de las órdenes de demolición en el trámite de regularización de los núcleos singulares que tendrán que realizar ante el ministerio. La iniciativa de la Axencia Urbanística atiende, precisamente, la demanda realizada por alcaldes de esos 34 ayuntamientos implicados, de distinto signo político. Aunque, con matices, también recuerda a la vía que la Xunta habilitó en la Lei de Vivenda para abrir un paréntesis en la tramitación las sentencias de derribo o procesos de reposición de la legalidad en edificios para que los compradores de las viviendas sean compensados.