El PP repsonde que la «transitoriedade» del valedor es responsabilidad de los grupos parlamentarios por no ser capaces de lograr un acuerdo para abordar el relevo
01 jun 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Hace ya más de un año que Benigno López presentó su dimisión como valedor do pobo y de que el cargo pasara a desempeñarlo en funciones quien entonces ejercía como vicevaledor primero, José Julio Fernández. La situación no ha mudado un ápice, pese a que la ley que regula este órgano obliga a que, una vez vacante el puesto, sea cubierto de nuevo en el plazo de un mes. El PSdeG y el BNG aprovecharon ayer una intervención parlamentaria del interino defensor de los gallegos para reclamar que se ponga fin de una vez a la situación «alegal» del alto comisionado y se aborde su relevo.
La diputada Tereixa Paz (BNG) fue la primera en poner el asunto sobre la mesa en la Comisión parlamentaria de Peticións, donde compareció el defensor para presentar la memoria anual del 2012. Aludió a la situación «irregular ou alegal» de Julio Fernández, e incluso reprobó que en el orden del día de la sesión no se incluyera la petición de dimisión que cursó el BNG por valorar que las fotografías de Feijoo con el narcotraficante Marcial Dorado carecían de interés periodístico.
La socialista Patricia Vilán se ocupó también de ambas cuestiones, advirtiendo de que el valedor estaba para defender los derechos de los ciudadanos y no los del presidente de la Xunta, a la vez que relató que es tiempo de abordar la «necesaria sustitución».
Desde el PP, Agustín Baamonde dijo que la «transitoriedade» del valedor es responsabilidad de los grupos parlamentarios por no ser capaces de lograr un acuerdo para abordar el relevo, y abundó que no es una cuestión que esté «para nada no debe do valedor».
El propio José Julio Fernández, al escuchar las críticas del PSdeG y el BNG, se vio obligado a defender su posición, hasta el punto de que se comprometió a que mientras esté al frente de la institución actuará «con total independencia e con total liberdade». «Non hai outra opción», aseveró.
Mina de Corcoesto
El intercambio de valoraciones sobre el valedor, producido justo cuando el PP y el PSOE han iniciado los contactos para poder renovar con la exigida mayoría cualificada al alto comisionado, fue prácticamente el único asunto que ensombreció la comparecencia de Julio Fernández, donde el defensor insistió, como hiciera ya hace un mes, en que tiene que haber consecuencias penales para quienes comercializaron las preferentes, a la vez que advirtió que la crisis no puede ser excusa para relajar la protección ambiental en el caso de la mina de Corcoesto.