La trama de las licencias de caza vendió permisos desde A Coruña a toda Galicia a través de un sistema informático que ha permitido localizar a los beneficiarios de este fraude
26 may 2013 . Actualizado a las 07:00 h.La herramienta burocrática de la que se vale la Xunta para tramitar permisos de caza en Galicia hizo aguas durante seis años. La veda para iniciar este mercado negro de permisos oficiales se abrió en el 2007, para cerrarse en otoño del 2012 después de expedir 831 licencias presuntamente ilegales. Unos documentos que llegaron a manos de sus actuales propietarios sin que estos hubiesen realizado previamente el examen que resulta obligatorio desde el 2007 para salir al monte a cazar. Fue la propia Xunta la que denunció los hechos al conocerlos. Desde entonces, la tormenta desatada ya ha alcanzado la magnitud de tsunami, sobre todo en los despachos de la Consellería de Medio Ambiente. ¿Por qué? Por la implicación de parte de su personal, que con la ayuda de contactos externos, principalmente en la provincia de A Coruña, fue tejiendo un negocio ilícito y turbio en el que todavía resulta imposible especificar la magnitud de los beneficios y las personas que se los repartieron.
El mapa de zonas calientes de esta trama ha trascendido en los últimos días. Y A Coruña se lleva la bandera. Aunque esta red ilegal, gestada en la sede herculina de la Dirección Xeral de Conservación da Naturaleza, llegó a todos los puntos cardinales del territorio gallego e incluso sobrepasó Padornelo para salpicar a otras circunscripciones regionales.
Así lo demuestra la base de datos de la misma herramienta que en su día dio luz verde a la tramitación de los 831 permisos citados. Las estadísticas reflejan que los cerebros de este delito de falsedad documental vendieron 717 licencias en 108 ayuntamientos. Las 114 restantes se cocinaron fuera de Galicia para acabar volviendo al poco tiempo gracias a un vacío legal existente.
De la capital a comarcas
Por poblaciones, A Coruña es la que más beneficiarios tiene, con 105 permisos expedidos. Algo normal si se tiene en cuenta que el centro de operaciones de la trama estaba asentado en la ciudad herculina y era en su sede de Conservación da Natureza donde operaba el único funcionario por ahora expedientado, y que parece ser fue el cerebro del delito. Aunque la investigación sigue su curso, la información que fue saliendo a la luz en los últimos meses ya revelaba que comarcas como Barbanza, Xallas, Costa da Morte o Terra de Melide eran otras zonas con un amplio número de beneficiarios.
Los pilares sobre los que se levantaba esta red estaban estrechamente relacionados con las comarcas mencionadas. Dos ejemplos representativos son las zonas de Barbanza y Muros-Noia, en donde el Seprona detuvo e imputó por un delito de falsedad documental a un agente de la Consellería de Medio Ambiente que pertenece al distrito forestal IV. En esta parte de Galicia, y supuestamente a través de los demandantes que el trabajador público localizaba -es posible que con la ayuda de otros colaboradores-, fueron 91 las licencias conseguidas de manera irregular en los ayuntamientos de Porto do Son (28), Boiro (6), Mazaricos (11), Muros (6), Noia (12), Outes (14), Rianxo (4), Ribeira (3) y Lousame (7).
Otras patas de la red
El municipio de Melide también se considera clave, en parte por la presunta implicación de una conocida armería asentada en este término, en el que hay constancia de que se expidieron 34 permisos. Los propietarios del negocio también fueron imputados, al igual que el titular de una gestoría de Santa Comba, al que se le atribuye otro delito de falsedad documental. Solo en este municipio hay, según datos oficiales, 18 licencias cursadas. Otros ayuntamientos que pertenecen a las comarcas afectadas o a su entorno -incluido el de A Coruña y su área metropolitana-, como Oleiros (18), Santiago de Compostela (18), Ferrol (18), Culleredo (13), Coristanco (17) o Carballo (23), también fueron investigados con lupa.
El epílogo de esta historia lo decidirá el Juzgado de Instrucción número de 3 de A Coruña. Pero parece que las vías abiertas son dos. Por un lado están los beneficiarios, que ya fueron citados por la Xunta para escuchar sus explicaciones antes de que el Consello Consultivo decida sobre la anulación de cada expediente de manera individual. La otra vía la protagonizan los cerebros de la trama, que se enfrentan a penas mucho más fuertes. En el caso de los funcionarios implicados, en los despachos de la Xunta reconocen que, además, corren el riesgo de perder sus trabajos.
La venta de permisos fraudulentos salpica a funcionarios