La Fiscalía ratifica que las pérdidas del Prestige en España alcanzaron los 4.334 millones

El Fidac ve inflada la valoración de daños de la perito del ministerio público


A Coruña

¿Qué precio tiene una costa completamente manchada de fuel al margen de los gastos para limpiarla? ¿Cuánto cuesta la biodiversidad afectada por el vertido? ¿Qué valor se le da a los efectos psicológicos o intangibles de la catástrofe desde el 2002? La profesora de Análisis Económico la Universidade de Santiago, María Loureiro, trató ayer de poner un precio a lo que no suele ser contabilizado y la metodología utilizada fue motivo de controversia en la sala donde desde siete meses se desarrolla el juicio del Prestige.

El estudio de Loureiro sustenta la reclamación de 4.442 millones de euros de la Fiscalía e incorpora una novedosa técnica para calcular el daño ambiental denominado valoración contingente, utilizado en la marea negra del Exxon Valdez. En síntesis, este complejo modelo recaba información mediante encuestas -utiliza una muestra de 1.043 individuos- sobre las preferencias medioambientales de los ciudadanos y lo que estarían dispuestos a pagar por preservar ese entorno. El resultado es un daño ambiental valorado en 1.212 millones. También se tienen en cuenta los daños a la imagen por la influencia de las noticias negativas relacionadas con el vertido.

María Loureiro aseguró que su cálculo global era conservador y a la baja, y no incluye el largo plazo. «La cifra puede ser mucho más elevada», dijo. Pero su cifra y su método chocó con el abogado que representa Fondo de Indemnización de Daños por Hidrocarburos (Fidac). «Voy a ser más beligerante que mis compañeros», avisó el letrado Míkel Gartéiz. En realidad, representan dos modelos de indemnización enfrentados. El Fidac, que solo admite los daños objetivos totalmente documentados y que evalúa en solo 364 millones las reclamaciones presentadas en España, Francia y Portugal. Y la Fiscalía y el informe de Loureiro, que tienen en cuenta las pérdidas subjetivas y la actualización de precios para que los afectados no salgan perjudicados del retraso en la compensación. De ahí que la cifra de 4.442 millones pueda parecer desorbitada.

El abogado del Fidac, sin decirlo expresamente, dio a entender que estaba inflada. Cuestionó que todas las bajadas de precios de las capturas posteriores al accidente se atribuyeran en exclusiva al Prestige, la acusó de duplicar conceptos como las ayudas aprobadas por el Gobierno y cuestionó que hubiera cambio de hábitos en los turistas que visitaban las zonas afectadas por el vertido. Loureiro defendió con uñas y dientes su modelo de cálculo que, en ambientes universitarios, ya es una referencia para calcular el impacto económico de desastres similares. La abogada del armador, María José Rodríguez Docampo, también fue beligerante con su método.

El informe de la Fiscalía cifra en 5,5 millones los gastos relacionados con la salud de los voluntarios. Pero Loureiro cree que el gasto podría ser mucho más elevado por las enfermedades que se han detectado a posteriori.

Votación
3 votos

La Fiscalía ratifica que las pérdidas del Prestige en España alcanzaron los 4.334 millones