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Algo más de 2,4 millones de euros es lo que se gastará el Parlamento de Galicia este año en asignaciones a los cuatro grupos políticos, un fondo que cada delegación puede gestionar a su antojo, pues no tiene que justificarlo ante nadie más que el Consello de Contas, a través del informe rutinario con las grandes cifras que han de remitirle cada año. Así, por cada uno de los 75 diputados de la Cámara autonómica, y al margen de su sueldo, los grupos reciben un promedio de 32.000 euros anuales para asegurar su operatividad, bien desde las instalaciones del propio grupo en la Cámara o desde el aparato del partido.
Las asignaciones a las formaciones políticas con presencia en O Hórreo se desglosan en tres conceptos. Un grupo político, solo por estar constituido como tal, recibe una subvención de 9.971,79 euros mensuales para su funcionamiento. A esa cifra se añade, en segundo lugar, un concepto variable en función del número de diputados, pues obtienen 1.837,01 euros al mes por cada representante. Al PP, con 41 escaños, le reporta una transferencia añadida de 75.317 euros mensuales, mientras que la del PSdeG se queda en 33.066 euros, la de AGE en 16.533 y el BNG, con sus siete diputados, se embolsa 12.879 euros.
La tercera y última línea habilitada es la llamada «subvención finalista» que reciben los grupos, de hasta 5.898,56 euros mensuales con máximo, pero que a diferencia de las anteriores sí es necesario justificar. Esta cantidad se suele utilizar para contratar personal (técnicos y auxiliares) que prestan servicio en los grupos, pero cuyo contrato depende directamente del Parlamento. Por esta vía se contratan a los llamados asesores, que ni siquiera tienen que prestar servicio en la propia Cámara. El caso del exportavoz nacional del BNG Guillerme Vázquez era uno de ellos.