Los gastos de los grupos municipales son prácticamente opacos. Son cuentas internas que de hecho se cierran cada año sin fiscalización alguna. Al amparo de esa flexibilidad, si un grupo quiere cargar en esta cuenta, por ejemplo, el centro de flores por el fallecimiento de un compañero de la corporación, como ocurrió en mayo del 2012, lo hace. O cargar sendas notas de 73,52 y 39,03 euros correspondientes a dos compras en Mercadona y Gadis, con la anotación «compra cea do grupo municipal socialista», acompañada de los números de cheque con los que se pagaron. Ahí están las botellas de un ron barato, otra del whisky 100 Pipers y dos de ginebra Bombay, además de dieciséis latas de tónica. A ello hay que sumar ingredientes que sugieren una paella, con dos kilos de arroz SOS. Era el día 4 de octubre. Esa tarde celebró asamblea el PSOE local y se emocionó el exalcalde Francisco Rodríguez al despedirse de quienes en los días inmediatamente anteriores le habían expresado su total apoyo tras la detención e imputación en la operación Pokémon. Por la noche, se relajaron en un encuentro privado, al que no fueron invitados los concejales que forman el grupo llamado pachista, que en aquellas fechas se habían alineado con el aparato del partido y en contra de Rodríguez para presionarlo y que dimitiese.
No fue la única compra de este tipo. Meses antes, en agosto, se repitió la rutina, con 56,76 y 110,43 euros. En Mercadona. Antes y después de aquellas visitas al súper, la rutina de las cuentas del grupo municipal socialista (GMS) refleja muchas salidas con el apunte comida o cena «membro do GMS», aunque tampoco faltan comidas de trabajo con colectivos sociales, (417,45 euros); o la sardiñada del mes de junio para celebrar el aniversario del triunfo electoral en junio del 2011, que rondó los 4.000 euros. El grupo de once concejales del PSOE arrancó el año dividido. La Pokémon solo agudizó una ruptura que se veía reforzada cada vez que el grupo más próximo al exalcalde celebraba una reunión y la exhibían en las redes sociales para escarnio del grupo B. Y ahora se enfrentan no solo al cisma interno -que el alcalde trata de minimizar con la fórmula de las «fortes discrepancias» y que la portavoz del grupo achaca a una confabulación para desacreditar al PSOE-, sino también a varios procedimientos judiciales abiertos que salpican a la guardia pretoriana del alcalde: la concejala de Benestar Social, Marga Martín, por la gestión del servicio de ayuda a domicilio, y a la de urbanismo, Áurea Soto, por varias querellas.