El valedor empleó ayer palabras duras cuando aludió al asunto de la comercialización de las participaciones preferentes y subordinadas, un asunto que ocupó buena parte de la actividad de la institución, que tramitó varias quejas sobre este asunto, entre ellas una firmada por 3.000 personas. Aseguró que se trata de un problema de calado. «Fálase continuamente de engano, de fraude, ¿e non hai ninguén procesado, ninguén imputado xudicialmente?», se preguntó, calificando esta situación de «surrealista», pues asegura que se trata de personas que, algunas veces, fueron forzadas a firmar contratos con el dedo.
Los escraches, sin reparos
También fue emplazado el defensor de los gallegos, ya a preguntas de los periodistas, a pronunciarse sobre el fenómeno de los escraches. Y no aprecia en ellos motivos de «inconstitucionalidad», pues entiende que, a priori, las protestas ciudadanas llevadas hasta el domicilio particular de determinados cargos políticos «parecen adecuadas á liberdade de expresión».
Puntualizó, eso sí, que hay que revisar cada caso concreto, pues en los escraches concurren diferentes derechos fundamentales, como la libertad de expresión, el de manifestación, el de la integridad física o el de la intimidad familiar. El único reparo, a su juicio, sería que se rompiera la proporcionalidad, que los escraches se sucedieran día tras día ante el mismo domicilio, porque supondría la prevalencia de un derecho sobre otro.