La red de pienso con ADN canino entregaba cenizas falsas de perros

Hay ya dos denuncias por estafa contra la empresa de Salceda

A. Martínez
La Voz / vigo

La trama de empresas implicadas en el caso de los piensos aparecidos en muestras de ADN caninas podría estar también implicada en un delito de estafa, además del de falsedad documental y contra la seguridad alimentaria, al haber entregado cenizas de perros que son supuestamente falsas.

Las sospechas se ciernen de momento sobre una de las empresas implicadas en el caso, destapado por La Voz de Galicia en el mes de enero. Se trata de una residencia canina de Salceda de Caselas, que figura entre los once implicados por el caso y que habría facturado por la incineración individual de las mascotas cuando en realidad en la documentación entregada a los particulares figuraba su tratamiento en la planta de Salamanca, donde aparecieron los restos de ADN de perros en piensos. La estafa tendría su razonamiento en que la firma de Aldeaseca carece de un espacio habilitado como crematorio individual, ya que debido al volumen de restos tratados solo posee uno de nivel industrial.

Eso supone que, como poco, los usuarios que pagaron por este servicio, que puede superar los 60 euros, habrían recibido cenizas que no se corresponden con su mascota y que pertenecerían a una parte del conjunto de animales que se trataban en la nave, donde se descubrió que se mezclaban restos de categoría 1, solo habilitados para su destrucción, con otros de categoría 3, que se pueden volver a introducir en la cadena alimenticia.

Mientras el caso aún continúa en fase de instrucción, no se descarta que aparezcan más denuncias de este tipo. La clave para conocer si más gente se pude unir a la acusación particular en este caso radica en el documento de acompañamiento de la eliminación del animal, que tendría que entregar el veterinario correspondiente. Ahí es donde se puede conocer el paradero de los restos. En los casos ya denunciados figuran el sello de la firma de Corral e Hijos S.L., la nave de Salamanca, y en otro aparece la firma correspondiente a la entrega. En caso de que los usuarios no tengan acceso a ese documento, pueden pedir asesoramiento a la asociación protectora de animales de Cambados, que también figura en este caso como acusación y podrá redirigir a los afectados para que logren asesoramiento legal. Hasta el momento varias personas se han interesado ya por esta situación, por lo que se prevé que el número de denuncias por estafa pueda aumentar.

Declaración

Respecto a su supuesta implicación en una trama que usaba subproductos de animales enfermos, abandonados o no aptos para reintroducir en la cadena alimenticia para la fabricación de piensos, el implicado de Salceda de Caselas declaró en el juzgado de Ponteareas desconocer cualquier irregularidad. De forma clara apuntó directamente a la empresa de Salamanca como responsable de las alteraciones sobre el número de kilos de restos de animales que se enviaban y los que se trataban.

Pese a la alarma generada por la presencia de estos restos en el mercado a través de las más de 40 empresas que eran clientes de la firma, de momento no se ha decretado la alarma alimenticia. Desde la Comisión Europea sí han pedido explicaciones al Gobierno de España después de que un diario holandés vinculara esta trama con una fábrica de productos cárnicos de Holanda.

De momento los juzgados no han desestimado la petición de perseguir y localizar los restos tratados en Salamanca, tal y como apuntaba en su informe la Guardia Civil.

La presión por parte de los consumidores es notable, como han denunciado desde la federación de consumidores Facua. Desde la misma exigen que se publiciten el nombre de las empresas a través de las cuales se han comercializado estos productos, aunque de momento no se ha personado en la causa.

El escándalo de los piensos en los que el Seprona de Galicia descubrió ADN canino y ovino saltó a la luz un año después de que apareciera una nave en el municipio de As Neves con toneladas de cadáveres acumulados.

Aunque en su momento los responsable adujeron que era para el abaratamiento del transporte de los mismos, posteriormente se descubrieron diferentes irregularidades en la documentación del traslado de los restos a Salamanca, un problema en el que resultaron implicadas once personas.

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