Por sorpresa, sin ningún tipo de comunicado a los medios o en las redes, el grupo provincial del PP en la Diputación ourensana hizo públicos ayer los bienes de los trece miembros que aún no habían dado a conocer sus declaraciones. Hasta ahora solo el presidente, José Manuel Baltar, y el vicepresidente, Rosendo Fernández, habían publicado su patrimonio. En total, los quince representantes populares en la entidad suman casi cuatro millones de euros, en concreto 3.979.066,88.
Esa cifra se obtiene de la suma de sus depósitos de capital, de sus planes de pensiones, de sus acciones o participaciones en diversas sociedades y del valor catastral de sus propiedades inmobiliarias y no se cuenta el coste de sus vehículos. En el ránking destaca muy por encima de los demás José Manuel Freire Couto, alcalde de Barbadás y presidente del Inorde (Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico), entidad dependiente de la Diputación. Su patrimonio ya era conocido porque él mismo lo hizo público hace unas semanas con motivo de la polémica abierta por sus impagos del IRPF. Tiene, según declara, 806.300,52 euros.
Como él, otros tres diputados superan la barrera de los 300.000 euros. Se trata del alcalde de Baños de Molgas, Eladio Mangana, que tiene casi todo a plazo fijo; José Antonio Feijoo, regidor de Baltar, con varias propiedades y acciones o participaciones en 22 empresas; y Argimiro Marnotes, alcalde de O Carballiño imputado en la operación Pokémon, que concentra su patrimonio en su vivienda, aunque aún debe pagar gran parte de una hipoteca. Pocos diputados del PP sufren ese tipo de cargas y, de hecho, solo dos tienen un patrimonio inferior a los 100.000 euros. En esa situación están el alcalde de Chandrexa de Queixa, Francisco Rodríguez, y el de A Rúa, Avelino García.
Retraso
Con la publicación de estos datos, el PP trata de zanjar la polémica originada por el retraso que estaba acumulando este trámite. Todos los diputados estaban obligados a presentar sus declaraciones antes del pasado 15 de marzo y así lo hicieron sin excepción. Sin embargo, el secretario de la entidad alertó de defectos de forma en algunas de ellas que debían ser corregidos. La saturación de trabajo a la que está sometido el funcionario, según fuentes del PP, impidió que esas correcciones hayan podido ser realizadas. La oposición, que ya publicó sus declaraciones, lleva días reclamando que se solventen esas deficiencias para proceder a la publicación de todas y, debido a la presión, los populares decidieron no esperar más.
Cuatro superan los 300.000 euros y solo dos están por debajo de los 100.000