Medio siglo de un trago mortal: 51 personas murieron envenenadas con metílico en 1963

El alcohol metílico fue usado de forma fraudulenta para la elaboración de aguardientes, licor café, ron y vinagres


ourense / la voz

El 18 de febrero de 1963 fallecía en Haría (Lanzarote) Esteban Jesús Pablo Barreto Barreto. Lo hizo de madrugada «entre fuertes dolores abdominales, vómitos y una súbita ceguera». Fue la primera víctima, de la que se tenga constancia, de la intoxicación por alcohol metílico y murió tras tomar unas copas de ron en un bar de Haría. El 1 de marzo lo hacía, en similares circunstancias, la enterradora del municipio, María Dolores Zerpa. Y a partir de ahí comenzó un reguero de muertes en todo el Estado, que dejó 51 personas fallecidas y nueve afectados -cinco de ellos por ceguera- por envenenamiento con alcohol metílico, usado de forma fraudulenta para la elaboración de aguardientes, licor café, ron y vinagres. Fue el conocido como caso del metílico, del que ahora se cumplen 50 años.

Canarias y Ourense

Simultáneamente a los casos que se registraban en Canarias fueron sucediéndose muertes en Galicia, sobre todo en la provincia de Ourense, y no se vincularon los hechos hasta que se publicaron en la prensa gallega las noticias referidas a los sucesos de Lanzarote. En Cea, el médico José Nóvoa sospechó que la muerte de un vecino el 20 de abril podía tener relación con las registradas en Canarias, toda vez que a finales de 1962 un labrador «había muerto muy rápido» y el 21 de febrero de 1963 se había dado un caso similar. Al constatar que había bebido licor café antes de fallecer, el médico puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil por posible intoxicación.

La muerte silenciosa e invisible, y en la mayor parte de los casos dolorosa, siguió actuando hasta que no se localizaron o destruyeron todas las partidas de bebidas elaboradas con alcohol metílico, cuyo uso estaba prohibido para el consumo humano. El balance dejó 51 cadáveres: 25 en Ourense -la mayoría, 13, en la comarca de O Carballiño-, 18 en Canarias, 7 en A Coruña y uno en el Sáhara español. De los 9 supervivientes -cinco en Ourense, dos en A Coruña y dos en Las Palmas-, cinco quedaron ciegos de por vida.

En el juicio por el caso del metílico, celebrado en 1967, el fiscal Fernando Seoane mostró su convencimiento de que «fueron miles» los fallecidos o intoxicados por las bebidas envenenadas, un dato que vaticinó que nunca se llegaría a saber con exactitud al no relacionarse los síntomas con las bebidas consumidas, por la distribución realizada y por la «mala imagen» asociada a la muerte por consumo de alcohol.

La avaricia de un empresario

El principal responsable del fraude fue el empresario ourensano Rogelio Aguiar Fernández, propietario de Bodegas Aragón, que inició la compra de alcohol metílico, más barato que el alcohol etílico y, por lo tanto, con mayor beneficio para la firma al producir a menores costes, para usarlo como materia prima para la elaboración de diferentes bebidas alcohólicas. En algunos casos, Aguiar vendía sus propias bebidas adulteradas -los bidones de Alcoholes Aroca llegaban con la advertencia «Mercancía de libre circulación, venta y precio. No apta para el consumo humano»- y en otros casos, como quedó probado en el juicio, vendía alcohol metílico a otros empresarios para la elaboración de sus propias bebidas, como las firmas Lago e Hijos (Vigo) o Industrias Rosol (A Coruña). El juicio del caso del metílico, el gran escándalo de la época, se saldó con condenas para Rogelio Aguiar Fernández (19 años), su mujer y cómplice, María Ferreiro (12 años), Román Rafael Saturno Lago (17 años), Román Gerardo Lago Álvarez (17 años), Luis Barral Iglesias (17 años), Ricardo Debén Gallego (12 años) y Miguel Ángel Sabino Basail (15 años), además de otras condenas menores.

Censura de Carrero Blanco

La sentencia llevaba aparejadas consigo importantes indemnizaciones, que nunca se llegaron a pagar. Además, tanto el fiscal Fernando Seoane como el joven juez José Cora -más tarde valedor do pobo- cursaron sendas diligencias para establecer la responsabilidad del Estado por «la total falta de control en el comercio de alcohol metílico y en la elaboración de licores». Tras la vaguedad de las respuestas, Seoane solicitó al Ministerio de Presidencia, bajo el mando de Carrero Blanco, que identificase a los funcionarios con competencias en el caso. El ministerio respondió que los funcionarios habían actuado correctamente y que un instructor de Ourense carecía de competencias para ello. El escrito de José Cora se archivó.

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