Encarnación Rivas: «Algo hacemos mal si 250 concellos están sin plan urbanístico y la gente no lo pide»

La responsable de Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas, asegura que la nueva Lei do Solo sobre la que el Parlamento comenzará a trabajar en abril permitirá tramitar en un año los planeamientos urbanísticos que ahora requieren ocho de media. Rivas hace autocrítica y apela a un consenso que emane desde los propios ayuntamientos.

-¿Cómo han recibido los concellos de menos de 5.000 vecinos la oferta de la Xunta de asumir la redacción de su planes?

-Muy favorablemente. La tramitación es una cuestión compleja, mucho más para los concellos pequeños que tienen menor dotación técnica y jurídica.

-Un plan requiere ocho años de trámites. Es el paradigma del fracaso de la Lei do Solo.

-Es cierto, pero es una media. Hay concellos que tardan cuatro años y a otros les lleva 15 o 20.

-¿Y en cuánto podrían reducirse los plazos con esa propuesta?

-Pretendemos que no excedan los doce meses. Todas las modificaciones de la nueva ley tenderán a bajar los plazos. Estudiamos la inserción del trámite ambiental en el urbanístico. Y también que los informes sectoriales se recaben en el momento de la exposición pública.

-¿Cuánto suponen ahora y en cuánto se rebajarían los tiempos de los trámites de la Xunta?

-Creemos que en tres meses. Ahora se tarda de 18 a 24 meses.

-El balance de la ley del 2002 deja es desolador. En diez años solo se han aprobado 67 planes.

-El problema es de falta de plan general. Por eso se trata de alcanzar una ley que responda al consenso parlamentario y local. Porque, pese a no ser el problema, la ley sí es la causa del problema: la falta de planeamiento. Por eso creará medidas para que no sea una carrera de obstáculos para los concellos.

-¿Dice que un marco legal que ha sido reformado ocho veces en diez años no es un problema?

-A la ley se le dio una importancia excesiva, en la idea de que el problema urbanístico de Galicia se resolvería a base de revisarla. Su ordenación pasa porque los concellos tengan plan acorde a los principios de la ley.

-Hay otro modo de verlo. La ley del 2002 puso el listón muy alto y evidenció una incapacidad para responder a los criterios de calidad urbanística que marcó.

-Más que alto, estaba basado en requisitos desproporcionados para la variedad de municipios. Un tratamiento homogéneo exige mínimos comunes.

-¿Las reformas no obedecieron más al interés de regularizar excesos que de mejorar el texto?

-Fueron para dar respuesta a la realidad. No ha habido inseguridad jurídica. Pero algo hacemos mal cuando muchos concellos ponen esa disculpa para no elaborar el planeamiento y 250 no lo tienen adaptado. Y los ciudadanos deben entender que es el que sienta las bases de la buena convivencia. Si los concellos no aprueban el plan es porque la gente no lo pide, y no lo hace porque las Administraciones no hemos sabido trasladarlo.

-¿Será una ley de punto final a desmanes como las urbanizaciones de Barreiros o las naves levantadas en suelo rústico?

-La solución a esas cuestiones pasa por los planeamientos. La ley no puede solventar problemas de cada municipio.

-Pues para alcanzar ese consenso al que aspiran con la nueva ley les echarán en cara que, en ocasiones, hayan abierto la mano. Y Barreiros es un ejemplo.

-Si enfocamos el problema desde los concellos, no habrá esa discusión. Hay que llegar al consenso también en la Fegamp.

-La reforma de la Ley de Costas reconocerá cientos de núcleos tradicionales, pero solo da dos años para que 25 concellos sin planeamiento puedan aprobarlo y delimitar sus asentamientos.

-La regulación urbanística está basada en los planes de ordenación municipal. Si pensamos que dos años son un plazo reducido tenemos un problema.

-¿Qué solución tendrá A Illa?

-A Illa, como único concello insular de Galicia, necesita un tratamiento singular. Encajará en esa norma de Costas, pero tendremos que esperar a su aprobación de la ley para ver los términos exactos.

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