Interior ensaya el uso de vigilantes privados en dos cárceles gallegas
El plan piloto se desarrollará en los centros de Teixeiro y A Lama
Vigilantes privados reforzarán, probablemente a partir del 1 de abril, la vigilancia en una veintena de prisiones de España, dos de ellas en Galicia. Se trata de una «experiencia piloto», según se refleja en un documento interno al que ha tenido acceso La Voz. Teixeiro, en A Coruña, y A Lama, en Pontevedra, son los centros penitenciarios elegidos en Galicia para desarrollar la experiencia.
Está previsto que los vigilantes privados realicen labores de refuerzo de las que realizan los agentes de la Guardia Civil en las cárceles. En una primera fase habrá dos vigilantes por cada uno de los penales seleccionados. En el documento se asegura que la entrada de vigilancia privada «en ningún caso supondrá una reducción de efectivos de las unidades» policiales, aunque no se descarta que en un futuro, y a la vista de la experiencia piloto, se pudiera iniciar «una sustitución progresiva» de las fuerzas de seguridad del Estado por miembros de seguridad privada.
Esa afirmación ha generado una gran inquietud en el seno de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, colectivo que entiende que «la intención final del Gobierno es privatizar la seguridad en las prisiones». Añade que las unidades de seguridad penitenciaria «no precisan actualmente de ningún refuerzo, y mucho menos de vigilantes de seguridad privada». La conclusión a la que llega AUGC es que «el Gobierno del PP comenzó privatizando la sanidad, la educación y la justicia. Ahora le toca a la seguridad». Al mismo tiempo, destacan que es un negocio tan «suculento» que las empresas invitadas a optar al contrato han formado una unión temporal de empresas (UTE).
En cualquier caso, las labores que realizará el personal de vigilancia privada en las cárceles son muy limitadas, y siempre bajo la «constante supervisión» de funcionarios de la Guardia Civil o de la Policía Nacional. «En este primera fase nunca actuarían en solitario», se indica en el documento interno que desvela el nuevo sistema. El Ministerio del Interior reserva para el personal de seguridad privada la vigilancia de garitas, el control de accesos y la supervisión del circuito interno de videocámaras de las prisiones, pero siempre bajo la supervisión de guardias civiles.
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