En cualquier caso, las labores que realizará el personal de vigilancia privada en las cárceles son muy limitadas, y siempre bajo la «constante supervisión» de funcionarios de la Guardia Civil o de la Policía Nacional. «En este primera fase nunca actuarían en solitario», se indica en el documento interno que desvela el nuevo sistema. El Ministerio del Interior reserva para el personal de seguridad privada la vigilancia de garitas, el control de accesos y la supervisión del circuito interno de videocámaras de las prisiones, pero siempre bajo la supervisión de guardias civiles.