La Fegamp pide que el propio municipalismo regule el sueldo de los alcaldes y rechaza que ganen más poder las diputaciones
05 mar 2013 . Actualizado a las 07:00 h.La reforma del ámbito local es un castillo de naipes para el Gobierno. Cada vez que anuncia su próxima culminación, el proyecto se le viene abajo. La rebelión de los alcaldes, con la complicidad de las comunidades, amenaza con dejar en papel mojado un segundo intento de Montoro que retrata la desorientación en el rumbo a seguir. El Ejecutivo no acaba de dar con la tecla para lanzar un guiño a los ciudadanos sin volar por los aires la autonomía local. Sus órdagos para meter en cintura a los alcaldes se van quedando en faroles.
¿La reforma ordenará los sueldos de los alcaldes?
En Galicia, no. Porque ninguno de los dos criterios de la tabla salarial de Hacienda se ajustan a su realidad local. El referente de la nómina de un secretario de Estado (100.000 euros al año) es desproporcionado para una comunidad en la que solo siete de sus 315 concellos superan los 50.000 vecinos. Por eso, la escala que establece en relación al censo carece de sentido donde 199 municipios no llegan a 5.000, entre los que estarían los más afectados. A los alcaldes no les vale. Tras tumbar la tentativa de limitar los salarios de la corporación al 0,6 % del presupuesto anual, defienden un tope de unos 40.000 euros en los concellos de menos de 2.000 habitantes, equivalentes a un jefe de sección en la Xunta. Sostienen que los ampara el artículo 140 de la Constitución, que recoge la autonomía municipal. Parece difícil que el Gobierno entre a cuestionarla. En las alegaciones que ayer aprobó su ejecutiva, la Fegamp aduce que debe ser la Federación Española de Municipios, no el Ejecutivo, el que decida la tabla salarial para todos los alcaldes con dedicación exclusiva o parcial.
¿Implicará la reducción de cargos públicos?
No. El gancho con el que el Gobierno jugó a vender la reforma como una apuesta decidida por aligerar la estructura de la Administración local se ha volatilizado. El primer plan de Rajoy planteaba suprimir 20.538 concejales en España, el 30 % del total. De ellos, 1.143 en Galicia. Pero, tras barajar distintas opciones de corte, la propuesta se enterró sin más explicaciones.
¿Resolverá el caos de las competencias impropias?
Al contrario. En el intento de clarificarlas, creará nuevos conflictos. La reforma obligaría a las comunidades a asumir servicios sociales en el plazo de un año, y los centros escolares y de salud a lo largo de cinco. La Xunta alegará contra una medida que prevé que las transferencias se valoren por un coste estándar homogéneo en todas las comunidades, que fijaría Hacienda. Los municipios que no sean solventes, las perderán a manos de las diputaciones. La Fegamp rechaza esto. Pide un «mínimo competencial propio» para los concellos, al margen de su censo, y que se ocupen de los servicios sociales comunitarios.
¿Cerrará el debate sobre la revisión de las diputaciones?
Para nada. La reforma arrebatará competencias a los concellos para dárselas a las diputaciones. El Gobierno asume así la necesidad de revisarlas, pero en lugar de suprimirlas quiere engordarlas a costa de vaciar ayuntamientos. La Fegamp censura esa vía abierta para intervenir concellos, y aboga por redefinir el papel de «asistencia e colaboración» de las diputaciones.
¿Alentará la fusión de concellos y la mejora de su financiación?
Pese a que algunos alcaldes creen que con ese vaciado competencial la reforma empujará a los pequeños concellos a fusionarse, Hacienda no plantea este objetivo. El borrador tampoco atiende la demanda gallega de un marco financiero más justo.