El PP aprueba en solitario la Ley de Costas, que da 2 años para regular 8.000 viviendas

s. lorenzo SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

La posibilidad de que esas familias puedan beneficiarse de la reducción de la anchura de la franja de protección depende de que los concellos dispongan de plan de ordenación municipal

20 feb 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

El PP aprobó ayer en solitario en el Congreso la norma que reforma la Ley de Costas de 1988, que obliga a los ayuntamientos del litoral gallego a acelerar los trámites para regularizar entre 8.000 y 10.000 viviendas ubicadas en unos 850 núcleos rurales tradicionales de la fachada marítima. La posibilidad de que esas familias puedan beneficiarse de la reducción de la anchura de la franja de protección, de los 100 metros actuales a los 20 que fija la reforma, depende de que los concellos dispongan de plan de ordenación municipal (PXOM) y delimiten esos núcleos.

Este proceso podrá resolverse con mayor celeridad en los 255 núcleos que ya están delimitados, y que suman 4.000 viviendas que se beneficiarán de forma directa del reconocimiento por parte de la ley estatal de una realidad gallega que ha sido motivo de una reivindicación histórica. Pero los trámites serán más complejos para los 25 concellos que carecen de planeamiento urbanístico y que, por tanto, no tienen delimitados unos 600 núcleos dentro de la zona de servidumbre, y anteriores a la ley de 1988. Según la Xunta, en esas 600 aldeas hay entre 4.000 y 6.000 viviendas que podrían ser regularizadas. Para ello, los 25 concellos tendrán que dotarse de PXOM en un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la reforma de la ley.

Ence, con informe previo

Entre los que se beneficiarán antes, por tener planeamiento y núcleos delimitados, destacan Cangas (18 aldeas singulares), Oia (14), O Rosal (11), Poio (11), Porto do Son (11), Muros (10), Boiro (10), Ortigueira (9), O Vicedo (6) y Foz (5).

La reforma de la Ley de Costas también favorecerá a los dueños de 500 viviendas que están en zona de dominio público, cuyas concesiones se prorrogan por 75 años. Esta ampliación también será posible para 300 empresas en esa franja, aunque previo informe de la Xunta. Esto deja en manos del Ejecutivo gallego la salida de Ence en el 2018 de su emplazamiento en la ría de Pontevedra.