Ocho alcaldes de municipios de menos de 1.000 habitantes perderán sus sueldos
16 feb 2013 . Actualizado a las 12:18 h.La segunda tentativa del Gobierno para trasladar las políticas de austeridad al ámbito local y suprimir duplicidades colocará por vez primera a cientos de cargos electos en Galicia ante la tesitura del ejercicio vocacional. Los criterios de corte en las dedicaciones exclusivas que figuran en la reforma que ayer presentó el Consejo de Ministros limita a 184 los concejales de los 21 concellos de más de 20.000 habitantes que pueden disponer de dedicaciones exclusivas.
Los 207 restantes no podrán cobrar por sus cargos. En Vigo, A Coruña y Ourense, las ciudades con más de 100.000 vecinos, el número de dedicaciones exclusivas no podrá exceder de 18, por lo que al menos 9 concejales tendrán que trabajar sin retribución. En las otras urbes (Santiago, Lugo, Pontevedra y Ferrol), el tope de ediles con sueldo quedará fijado en 15 de los 25. Si se aplica con carácter general la estimación de Hacienda, que calcula que solo el 18 % de los concejales españoles podrán cobrar del municipio, 3.125 de los 3.811 ediles gallegos deberán trabajar sin retribución, algo que según la Fegamp ya hacen muchos.
La reforma también abocará a muchos alcaldes a revisar o incluso renunciar a sus nóminas. De acuerdo con una tabla que vincula los salarios máximos al de un secretario de Estado (100.000 euros anuales brutos, que solo supera en España el alcalde de Barcelona, Xavier Trías), y establece una escala en función del censo de cada municipio, la reordenación retributiva no tendrá incidencia entre los concellos grandes, pero sí en bastantes de menos de 20.000 habitantes. Los alcaldes de ocho municipios que no llegan a 1.000 vecinos tendrán que renunciar a sus nóminas. Se trata de Xunqueira de Espadanedo, Vilar de Santos, Gomesende, Lobeira, Mondariz Balneario, Negueira de Muñiz, Ribeira de Piquín y Muras. Algunos de esos alcaldes figuran con los sueldos más altos en relación al censo, como los de Muras (54.306 euros brutos anuales) o Negueira de Muñiz (29.000), a los que deberán renunciar. Otros, como los de A Bola (49.000) o Meira (46.569) tendrán que reducir su sueldo a un máximo de 20.000.
De los 68.285 concejales españoles, solo 12.188 cobrarán, según la reforma que ahora el Gobierno remitirá al Consejo de Estado, antes de su tramitación parlamentaria. Aunque el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, subraya que la decisión de no recortar ediles se compensa con creces con el aumento de los que no serán retribuidos, el alcalde de Santander y presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna (PP), ha insistido en que ya hay un 80 % de concejales sin sueldo.
Más de 7.000 millones de ahorro
El Gobierno esperar ahorrar con esta reforma 7.129 millones hasta el 2015. Además, los presidentes de las diputaciones tendrán un límite máximo por todos los conceptos igual al del alcalde de la corporación más poblada de su provincia. También se reducen asesores de acuerdo con el censo y un tope de 6.489 para los 8.116 ayuntamientos. Otro aspecto clave de la reforma es que clarifica las competencias para evitar duplicidades, y elimina las llamadas impropias, las que desempeñan los ayuntamientos y corresponden a otras Administraciones. Las de educación y sanidad serán exclusivas de las comunidades. Para esos traspasos, se habilita un período de cinco años, que se reduce a uno para los servicios sociales. La futura ley prohibirá crear empresas públicas municipales y cerrará las actuales.
Las mancomunidades y entidades locales menores que no rindan cuentas en tres meses se disolverán. Y los ayuntamientos que no las presenten, serán intervenidos y sus funciones las asumirán las diputaciones, que lejos de desaparecer refuerzan su papel en la arquitectura del Estado como «entidades locales intermedias desde las que se pueden prestar servicios fundamentales» a los ayuntamientos pequeños. Montoro avanzó que un «número importante» de las mil mancomunidades que hay en España desaparecerán porque no podrán rendir cuentas.
La reforma no altera al municipalismo. La Fegamp pospuso ayer su valoración hasta la ejecutiva del miércoles, consciente tal vez de que tampoco este esbozo es definitivo y de que tendrá todavía recorrido parlamentario.