Tienen conflictos competenciales abiertos desde el 2006 por otra docena de normas
12 feb 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Los conflictos de competencias entre la Xunta y el Estado se duplicaron en la pasada legislatura: de 16 en el mandato del bipartito se pasó a 33 en el primero de Feijoo. Como consecuencia de ello, las dos Administraciones esperan que el Constitucional resuelva los recursos interpuestos desde el 2006 sobre una decena de leyes, órdenes y decretos, tanto autonómicas como estatales, sobre las que no alcanzaron acuerdo en comisión bilateral. Pero, además, tienen abiertos conflictos sobre otras doce normas. En los dos de últimos, promovidos por el Gobierno de Rajoy, aún no ha sido convocada la comisión bilateral.
Los diez recursos de inconstitucionalidad pendientes de sentencia corresponden a seis conflictos planteados por la Xunta contra el Estado. Se trata de la ley 17/2007 del sector eléctrico, que el bipartito recurrió por entender que no respeta la distribución de competencias; el Real Decreto Ley 9/2009 del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), que el Gobierno de Feijoo cree que impide el papel de regulador del sistema financiero de la comunidad; el Real Decreto Ley 2/2011 de refuerzo financiero; la Ley de Presupuestos del Estado del 2011, por el que el actual Ejecutivo gallego reclama 805 millones al Estado por el sistema de financiación; la ley 40/2010 de Almacenamiento Geológico de CO2; y el Real Decreto Ley 1/2012, por el que el Gobierno de Rajoy suprime las primas para nuevas instalaciones de producción eléctrica por cogeneración, fuentes renovables y residuos. En este caso, el Ejecutivo de Feijoo esgrimió que la supresión no diferencia entre renovables viables, como la eólica, y otras menos eficientes, como la fotovoltaica.
Cajas y catálogo de fármacos
Los cuatro conflictos restantes que debe dirimir el Constitucional afectan a recursos del Estado contra normas autonómicas: Lei do Dereito Civil de Galicia 2/2006, que el Gobierno de Zapatero recurrió por entender que la regulación del bipartito excedía las competencias de la comunidad en adopción y autotutela; la Lei de Caixas de Aforro (10/2009), recurrida por el Ejecutivo socialista; la Lei Ómnibus (1/2010), por las condiciones que fija para que un inmigrante trabaje en Galicia; y la Lei de Racionalización do Gasto Farmacéutico (12/2010), por la que el anterior Gobierno central bloqueó el catálogo de medicamentos con la tesis de que invade competencias del Estado.
Otras doce normas son objeto de conflictos que siguen abiertos: nueve por requerimientos de la Xunta; y tres, del Estado. Estos últimos corresponden al acuerdo sobre el catálogo de fármacos y a los dos recursos recientes del Gobierno de Rajoy contra las leyes de Vivenda (8/2012) y Montes (7/2012), que son los que esperan la cita de la comisión bilateral. Sobre el primer texto, el Ejecutivo advierte contra la posibilidad de indemnizar a los propietarios «de buena fe» afectados por sentencias de derribo, y contra la adecuación de la reserva de suelo edificable para pisos protegidos a la demanda real, que colisiona con el mínimo del 30 % que estipula la norma estatal. En el caso de la Lei de Montes, el Gobierno objeta que la Xunta imponga su informe preceptivo para infraestructuras nuevas en montes de dominio público, con lo que podría bloquear obras del Estado.
Ahorro por videoconferencia
En las dos legislaturas anteriores, el Constitucional emitió cuatro sentencias por conflictos entre Xunta y Estado. Tres fueron favorables a Galicia y una al Estado, relativa a la Lei de Vivenda del bipartito, que reformulaba la solución con que la ley del suelo de Cuíña (9/2002) quiso dar una salida al problema de los núcleos del litoral que no reconoce la Ley de Costas.
Las reuniones de la comisión bilateral de cooperación para intentar que los conflictos no lleguen al Constitucional se celebran ahora por videoconferencia, lo que permite ahorrar gastos de desplazamiento y dietas a cargos y abogados de la Xunta. La primera tuvo lugar el 28 de junio pasado. Desde entonces, los representantes de la Xunta han participado en otros tres encuentros con el nuevo formato.