La propuesta la analizarán hoy PP y PSdeG en la reunión de la Mesa
05 feb 2013 . Actualizado a las 12:22 h.La decisión no está tomada en firme, pero será uno de los asuntos a abordar esta mañana en la reunión de la Mesa del Parlamento gallego. Este órgano de gobierno, en el que están representados el PP y el PSdeG, no está dispuesto a pasar por alto los incidentes que hace una semana provocaron la suspensión del pleno, debido a la protesta de trabajadores del naval que fueron introducidos sin autorización en la tribuna del público por diputados de Alternativa y del BNG. La presidenta de la Cámara, Pilar Rojo, utilizó palabras gruesas para aludir a aquellos incidentes como un «grave atentado contra unha alta institución do Estado», y por eso no está dispuesta a que queden impunes.
La posibilidad de enviarle al fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, un amplio relatorio sobre el sabotaje parlamentario del pasado 29 de enero cobra fuerza a la luz de los informes jurídicos y de seguridad elaborados de forma mecánica por los servicios de la Cámara. A la luz de estos papeles queda fuera de toda duda que se quebró el principio de inviolabilidad parlamentaria, y las opciones que están al alcance de Pilar Rojo para sancionar estos hechos son varias, que van desde la expulsión temporal de un diputado o la convocatoria de un pleno secreto para debatir las medidas, hasta la remisión de un informe a la Justicia para instarla a que actúe.
Y este último parece ser el camino por el que se inclina Pilar Rojo, a la espera de lo que pueda decidir la Mesa del Parlamento, donde el PP tiene asegurada la mayoría, con tres votos frente a los otros dos que corresponden al grupo del PSOE. Está por ver, no obstante, si los socialistas secundan en este asunto a la presidencia, después de que marcaran distancias con los incidentes registrados el pasado martes en la tribuna del pleno, en los que el PSdeG no participó.
Si finalmente se abre camino la propuesta que estudiará esta mañana la Mesa del Parlamento, en su primera reunión tras el sabotaje del debate de totalidad de los Presupostos de la Xunta, le corresponderá al Ministerio Fiscal determinar si abre o no actuaciones contra los diputados autonómicos que participaron en los incidentes.
El grupo del PP, que posee la mayoría en la Cámara, no se pronunció ayer sobre esta posibilidad, si bien es el único que respaldó al milímetro todas las decisiones de Rojo. Su portavoz, Pedro Puy, convino ayer en que hay que preservar el «normal funcionamento» del Parlamento y «respectar» el principio de que los debates «non poden ser alterados» por personas ajenas al hemiciclo con sus reivindicaciones.