Un juzgado de lo mercantil de Pontevedra no tramita ningún recurso desde que se aprobaron las tasas

Interponer un recurso cuesta 800 euros, que en apelación no se recuperan

La Voz

Las consecuencias de las tasas judiciales ya se están notando en los distintos juzgados de Pontevedra. Así lo puso de manifiesto ayer el presidente de la Audiencia Provincial pontevedresa, Francisco Javier Menéndez Estébanez: «El secretario de un juzgado de lo mercantil me comentaba que llevan un mes sin enviar un recurso de apelación a la Audiencia».

No solo esto, en un procedimiento concursal una de las partes iba a presentar un recurso y, «al requerirle la tasa, pues no se interpuso», añadió.

Menéndez Estébanez apuntó que aún habrá que esperar unos meses para comprobar si se trata de una situación puntual o si, por el contrario, se extiende a lo largo del tiempo. En este sentido, explicó que en el órgano judicial que preside está entrando ahora las apelaciones correspondientes a finales del pasado año, «antes de la orden ministerial» que impuso las tasas judiciales. Añadió que interponer un recurso conlleva abonar unos ochocientos euros, «que en apelación no se recuperan, incluso aunque se gane. Son a fondo perdido».

El presidente de la Audiencia de Pontevedra hizo estas declaraciones minutos antes de que Miguel Ángel Presno Linera, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, abordase en el Colegio de Abogados de Pontevedra las Tasas versus tutela judicial. En esta intervención, el experto sostuvo que «las tasas son un límite a un derecho fundamental», al tiempo que se mostró convencido de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tendrá que pronunciarse sobre la legalidad de esta reforma legal. En su opinión, el problema no son las tasas en sí, si no sus cuantías: «Son desproporcionadas».

Similares términos empleó Ramón Jáudenes, decano de los abogados pontevedreses, para quien se trata de unas medidas que suponen «una cortapisa para el acceso a la justicia». Además, entiende que no son proporcionales con respecto a la Administración, ya que, por ley, no tiene que pagar tasa alguna en ningún procedimiento o recurso. Y si en los juzgados ya empieza a notarse su impacto, otro tanto pasa en los despachos de los abogados. «En todos hay clientes que se echan para atrás», concluyó al respecto.

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