Uno admitió que fue para saber «hasta qué punto estaba involucrado»
31 ene 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Los dos concejales del PP y trabajadores de la Diputación ourensana que el martes testificaron en el proceso abierto contra José Luis Baltar quisieron preparar su declaración con los abogados que defienden al político. Ambos ediles -que forman parte de los 104 contratados por los que el expresidente provincial ha sido acusado de prevaricación- negaron, no obstante, haber sido coaccionados o influenciados de algún modo. El expresidente provincial está siendo defendido por el despacho de Emilio Atrio, un conocido y veterano letrado de la capital ourensana que ejerció también como presidente del Consello Social de la Universidade de Vigo hasta el año 2011.
La primera en admitir esa visita fue Pilar Caride González, edila en O Carballiño. A preguntas de la acusación popular, explicó que estuvo en el despacho de abogados de Emilio Atrio «para consultar su situación» y que «lo escogió por su prestigio profesional». Ante esta revelación, el juez, que ya había hecho sus preguntas, volvió a tomar la palabra para insistir en esa reunión. Según dijo Caride, en ese encuentro estuvieron presentes «exclusivamente» el abogado Luis Romero y ella misma. Ese letrado, que precisamente representó a la defensa de Baltar en la toma de declaraciones, no rehuyó el tema y, respondiéndole a él, la concejala insistió en que solo fue allí para «saber su situación personal y las razones de por qué la habían llamado». No recibió ninguna instrucción, añadió Caride.
Justo después fue el turno de Juan Luis Cachaldora Gómez, concejal en Nogueira de Ramuín, municipio en el que Baltar inició como alcalde su carrera política. Este edil declaró que visitó el despacho de Emilio Atrio porque quería saber «hasta qué punto estaba involucrado». Fue a ese abogado y no a otro porque «imaginaba» que iba a defender a Baltar, ya que, según explicó, «ese despacho llevaba las cosas personales de la Diputación».
Pese a todo, Cachaldora dijo que no pudo hablar con ningún letrado porque fue sin cita. El fiscal se interesó por ello y el edil dijo que no volvió a intentar hablar con Emilio Atrio porque no podía pedir más permisos en su trabajo, que sigue siendo la Diputación. El concejal también negó haber recibido instrucciones o coacciones.
Los próximos testigos del caso Baltar pasarán por el Pazo de Xustiza ourensano el 4 de febrero. Iban a declarar ayer, pero su comparecencia fue aplazada por el fallecimiento de una hija del abogado Emilio Atrio. Ese día declararán Ana Isabel Barreiro Álvarez, Nabor Blanco González y Lorena Camino García, todos contratados en el período investigado. Esa misma jornada estará ante el juez Francisco Cacharro, secretario de la Diputación de Ourense e hijo del expresidente de la de Lugo.
Él avaló con un informe la legalidad de esos contratos, al igual que la persona que en ese momento ocupaba el puesto de interventor, José María Baños. Este declarará el día 5 junto a cuatro jefes de servicio: José Juan Cerdeira (Fomento do Emprego), Carlos Castiñeiras (Formación), Ángel Cid (Pazo dos Deportes) y Carlos Luis Martínez (Imprenta). Finalmente, Baltar Pumar testificará el día 6.
Otras das trabajadoras inicialmente llamadas como testigos no declararán, una por estar enferma y otra de viaje. Por otro lado, el PSOE ya ha subsanado la falta de documentación por la que la defensa de Baltar pretendía evitar su personación.