Indignación. Ese es el sentimiento que predomina entre los concejales del PP de Santiago ante la forma en la que el alcalde, Ángel Currás, ha descargado sobre ellos las responsabilidades de los dos casos por los que ha sido imputado. Es esa falta de respaldo a sus compañeros en la que tiene su origen la fractura que sufren los conservadores compostelanos y no en las acusaciones en sí a las que tiene que hacer frente el regidor.
«El alcalde es un cobarde, no asume sus responsabilidades y nos vende para librarse de sus imputaciones, en lugar de respaldarnos como es su obligación», afirma un edil. Su opinión no es un verso libre. La comparten la gran mayoría del grupo, salvo el cada vez más pequeño núcleo duro que sigue fiel a Currás. Básicamente, la teniente de alcalde, Reyes Leis, y la concejala de Urbanismo, María Pardo.
El regidor dio la espalda a su concejala de Educación, Rebeca Domínguez, cuando fue imputada en la Pokémon. Pidió su dimisión hasta que el PPdeG le obligó a rectificar e intentó que firmase un expediente para reconocer una deuda de casi 540.000 euros con Vendex -el grupo investigado- pese a que ella le advirtió de que contenía un informe falseado. A la jueza le dijo que no podía revisar todos los contratos y que firmó confiando en su concejala y en el técnico.
En su segunda imputación ha hecho lo mismo. Del expediente al policía que lo ha denunciado por prevaricación y acoso ha responsabilizado al concejal de Tráfico, Albino Vázquez, y a la de Personal, Amelia González, lo que ha dinamitado el mandato de paz y unidad que ha lanzado el partido.