La jueza cree que las contrataciones se basaban en intereses particulares
24 ene 2013 . Actualizado a las 11:46 h.La contratación en el municipio de Castro de Rei, siendo alcalde el socialista Juan José Díaz Valiño (actual concejal y diputado provincial), se llevó a cabo basándose en intereses particulares y no en los principios generales de obligado cumplimiento por las corporaciones locales. Así lo expone la jueza Estela San José Asensio en un extenso auto con el que cierra la instrucción de la operación Rei, abierta en el año 2008 para tratar de investigar la existencia de una supuesta trama urdida por algunos miembros del equipo de gobierno para, presuntamente, dar obras y puestos de trabajo a dedo. La instructora da carpetazo al caso imputando a 16 personas. Otras 21, que habían sido investigadas, quedan provisionalmente al margen.
La operación Rei entra ya en fase de juicio oral. La Fiscalía será la encargada de formular la acusación en base a lo contenido en la investigación que comenzó con la entrada y registro de la jueza en el consistorio y la posterior detención del alcalde y tres ediles de su equipo.
La jueza cree que el exregidor pudo haber incurrido en los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, fraude, tráfico de influencias y falsedad documental. Al actual teniente de alcalde, Roberto Lorenzo (fue imputado cuando era de TEGA y ahora está en el PP) le atribuye prevaricación y tráfico de influencias; a la edila socialista Ana Canto, prevaricación y fraude, lo mismo que a Antonio Balado, que era miembro del equipo de gobierno en la anterior corporación.
En la lista de imputados también aparece la secretaria municipal, María Josefa Fernández Legaspi. La jueza entiende que sus conductas pueden ser constitutivas de prevaricación y fraude.
Los demás imputados, en su mayoría por presunta falsedad documental, son representantes de empresas. Se trata de José Ramón Canto Rodríguez, Manuel Blanco Trigo, Ana Belén Mera Arias, María Vicenta Guerrero Iglesias, Julián Rodríguez Garzón, Ramón Campos Rodríguez, Juan José Fernández Veiga, Miguel Ángel López Fontal, Ramón Martínez Gómez, Óscar Luis Expósito Fernández y José Ángel Fernández Vázquez.
La investigación de la jueza se centró en una veintena de expedientes entre los que figuran la contratación de varias obras que, supuestamente, fueron dadas a amigos o colaboradores del equipo de gobierno; la contratación de peones y una animadora sociocultural; la certificación de obras inacabadas, como, por ejemplo, el ascensor de la casa consistorial y otras.