Si el proceso abierto contra José Luis Baltar por un delito continuado de prevaricación no existiese, la familia podría celebrar sin sobresaltos el tercer aniversario del congreso que confirmó la sucesión dinástica del PP ourensano. Sin embargo, el proceso existe y al día siguiente del cumpleaños, el 31 de enero, pasarán a declarar por el Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense los testigos seleccionados por el juez. Son quince personas. Nueve de ellas son parte de los 104 trabajadores contratados a dedo por el expresidente, según la querella. Además declararán cuatro jefes de servicio -algunos de los que solicitaron incrementar la plantilla de sus respectivos departamentos- y dos técnicos de la institución provincial. En una jornada posterior, ya en el mes de febrero, será el turno de José Luis Baltar, que acudirá aún en calidad de querellado.
Para entonces, el expresidente de la Diputación ya sabrá si, además del fiscal, hay otros actores en el proceso. Manos Limpias registró ayer el escrito de personación en el que solicita ejercer la acusación popular. «Es evidente que en el caso que nos ocupa, presuntamente nos encontramos en un caso de corrupción político-administrativa, que incide en un ilícito penal de prevaricación y tráfico de influencias en el acceso a la función pública, dado que se han transgredido los principios de mérito, capacidad y publicidad establecidos en el texto constitucional», dice el documento. La organización -que ha participado en casos como el del juez Garzón y el franquismo o el del Madrid Arena- se siente legitimada para acusar a José Luis Baltar al afirmar que se trata de un «sindicato de defensa de los derechos del personal de la Administración pública».
El PSOE aún no ha confirmado si, al igual que Manos Limpias, también se personará como acusación popular contra el expresidente de la Diputación. Los socialistas celebraron ayer varios encuentros para estudiar cómo financiar el coste que supondría para el partido adoptar esa decisión.