La subida que experimentarán los peajes de la AP-9 y del resto de los viales de pago está garantizada por ley desde el año 2000, posibilitando incluso que al IPC se sume una compensación a las concesionarias si en el ejercicio que concluye contó con menos usuarios de los previstos.
Aseta, la patronal de las empresas concesionarias de autopistas, túneles y puentes con peaje, advierte que la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social garantiza la actualización de precios de las tarifas, aunque añade que el Ministerio de Fomento podría evitar, si lo desea, que el incremento de precios repercuta en el usuario, aunque para ello tendría que asumir el Gobierno el pago de la misma cantidad. «No ha habido ninguna sugerencia al respecto, pero a nosotros nos daría igual que lo pagase el Estado. Lo que revolucionaría al sector sería que Fomento se plantease no actualizar los precios», señalan desde Aseta.