Atasco en los juzgados gallegos para evitar las nuevas tasas

En algunos tribunales el número de demandas se ha multiplicado por seis

la voz

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, defiende que la aplicación de las nuevas tasas judiciales garantizará la justicia gratuita y desatascará los tribunales. Pero el primer efecto ha sido la incertidumbre y el atasco en los juzgados, que han recibido en los últimos días un alud de demandas con el objetivo de evitar los pagos. La ley entró en vigor ayer, pero desde el departamento de Gallardón señalan que no se aplicarán los cobros hasta que estén listos los formularios correspondientes y Hacienda emita la orden ministerial correspondiente, que puede demorarse tres o cuatro semanas. Esta situación se debe a la prisa por aprobar el recorte de la paga de Navidad a funcionarios, medida que va encastrada en la disposición final cuarta de la norma, informa Colpisa.

Mientras, juzgados de toda Galicia sufren una avalancha de demandas. En Vigo, el lunes entraron 239 demandas de civil, «seis o siete veces más de lo normal», según fuentes jurídicas. Hay otros 600 asuntos de los días posteriores que no han podido ser registrados y los papeles se apilan en las dependencias judiciales. Los despachos de abogados del partido judicial de Ferrol también apuraron para formalizar las demandas. En la oficina decanal se amontonan expedientes en varias mesas mientras los funcionarios procedían al registro. Los números también se disparan en A Coruña, Pontevedra y Santiago. En Compostela se multiplicaron los asuntos por la vía civil. El pasado viernes, así como el lunes y martes entraron cien casos por jornada. Hace dos días la cifra se elevó hasta los 200, cuando lo habitual es que sean entre 40 y 50.

El PSOE presentará enmiendas para la derogación de la ley y prepara el recurso ante el Constitucional, medida que también estudia la Junta de Andalucía. IU exige a la Defensora del Pueblo que acuda a esta instancia judicial. El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia asegura que el Gobierno quiere que «el ciudadano se amedrente» y no recurra a los tribunales. Y Amnistía Internacional ha anunciado que vigilará los efectos de la norma.

Información elaborada por A. López Penide, A. Mahía, X. Melchor, E. Vázquez Pita y F. Varela

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