Todos los colectivos de la Justicia se suman a los abogados en su rechazo a las tasas de Gallardón

GALICIA

Procuradores, jueces, secretarios, fiscales y funcionarios secundaron las concentraciones en toda Galicia
09 nov 2012 . Actualizado a las 20:41 h.Togas y pancartas tomaron este mediodía las puertas de los juzgados de las ciudades gallegas en protesta por el proyecto del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de cobrar tasas judiciales. Las concentraciones, convocadas por los abogados, fueron secundadas por el resto de colectivos de esta administración. Procuradores, jueces, fiscales, secretarios y funcionarios se sumaron a la protesta. Todos coinciden en que el pago de las tasas supone un atentado contra un derecho fundamental de la Constitución, como es la tutela judicial efectiva y que, en palabras del decano del Colegio de Abogados de Santiago, Evaristo Nogueira, «creará una justicia para los ricos y otra para los pobres, que no tendrán tan fácil acceder a ella».
Nogueira puso ejemplos prácticos de cómo afectarán las tasas a los ciudadanos. «Una familia con 1.200 euros de ingresos ya tendrá que pagarlas. Recurrir una multa de tráfico de 300 euros le supondrá pagar una tasa de 200, es decir, que ya no le compensará y no podrá recurrir a los juzgados, aunque sepa que tiene razón y que la sanción es injusta», explicó. En lo que se refiere, por ejemplo, a los procedimientos legales contra un despido «la tasa sería de unos 800 euros, algo fuera del alcance de alguien que acaba de perder su empleo», añadió el representante de los letrados compostelanos.
En los mismos términos se pronunciaron tanto el decano del Colegio de Procuradores, José Paz, como el juez decano de Santiago, Jorge Cid, quien advirtió de que las tasas son, fundamentalmente, «un atentado contra la clase media». Sobre todo porque la tasa no será devuelta aunque posteriormente se gane el juicio.
En Santiago la protesta fue multitudinaria, con más de trescientas personas concentradas frente a la puerta de los juzgados de Fontiñas. Todos están en contra de las tasas y, especialmente, contra su cuantía, que es para todos los colectivos «desproporcionada» porque llega a los 800 y 1.200 euros en los recursos de apelación y casación, respectivamente. Por ello, piden a Gallardón que reconsidere la medida y que abra una vía de diálogo que permita llegar a acuerdos.