El presidente de los abogados: «Las tasas atentan contra el derecho a la tutela judicial»

Platas carga contra las «precipitaciones legislativas» de Gallardón


redacción / la voz

Jueces y fiscales de todo el Estado tienen anunciada a partir de hoy una peculiar huelga de celo con la que arranca su programa de movilizaciones contra las reformas y recortes auspiciados por el ministro de Justicia. Las iniciativas legislativas del ministro Alberto Ruiz-Gallardón están concitando un rechazó unánime y sin precedentes en el ámbito judicial. Los abogados se consideran el colectivo profesional más damnificado, especialmente por la implantación de las tasas judiciales. Los colegiados gallegos están llamados por el Consello Galego da Avogacía a concentrarse el 9 de noviembre ante las sedes de las instituciones judiciales de las siete ciudades gallegas. Antonio Platas Tasende, presidente de Consello Galego da Avogacía y decano del colegio profesional de A Coruña, tiene claro que esa medida de presión «va a ser una hecatombe para la Justicia, porque significa una paralización de la actividad judicial. Los nuevos señalamientos -precisa- no se pueden dilatar más de un mes, porque de lo contrario habrá que empezar de nuevo el juicio. Eso no va a afectar solo a los juicios complejos, sino a todos».

Platas Tasende está plenamente convencido de que, si el ministro no reacciona, los jueces no se van a echar para atrás «porque existe una unidad sin precedentes entre las distintas asociaciones y algo también novedoso: unidad de acción entre jueces y fiscales».

El veterano letrado coruñés, con 50 años de oficio, considera que «un juez o un fiscal descontento, con una carga de trabajo excesiva y una reducción efectiva de sus retribuciones salariales, que ya no eran nada del otro mundo, inevitablemente no está en las mejores condiciones para garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos de los ciudadanos». La abogacía, según el presidente del consello galego, está muy preocupada con la aplicación de las nuevas tasas porque considera que «atentan directamente contra el derecho a la tutela judicial efectiva».

Turno de oficio

Les molesta especialmente que el ministro diga que las tasas se cobran para pagar a los abogados de oficio. «Eso -dice Platas Tasende- es poner al pueblo contra nosotros porque lo que cobramos no se corresponde en términos mínimos de dignidad con los servicios prestados. Además -añade-, no se actualizan y se cobra con muchas dificultades. De eso no se puede vivir. Es una retribución que, si no queremos calificar de indigna, sí podemos decir que es un poco de pantalla». Considera que la justificación ofrecida por el ministro para implantar las tasas, afirmando que son para pagar a los abogados de oficio «hace que la ciudadanía se crea con el derecho a un abogado con dedicación plena y además le da un plus de agresividad».

Entiende igualmente que la medida va a incrementar las diferencias entre ricos y pobres. «En un pleito -explica- se va a dar con mucha frecuencia una situación de desigualdad entre una parte que no paga tasas y otra con una capacidad económica similar que sí las tiene que pagar, porque se ha subido el límite de los ingresos que dan derecho a la justicia gratuita. En el momento actual el 60 % de los que pleitean en España encajan dentro de los parámetros de la justicia gratuita. En los últimos cinco años se ha duplicado el número de postulantes. Solo en el colegio de A Coruña se tramitan entre 75 y 80 expedientes de solicitud de justicia gratuita al día».

Antonio Platas lamenta que el ministro Ruiz-Gallardón haya incumplido el compromiso adquirido con el Consejo General de la Abogacía de someter a informe de este órgano de representación de los abogados las leyes importantes que se promulguen. «Estamos -concluye- en presencia de un ministro que tiene un alto grado de osadía, ante un personaje que le gusta poner el carro delante de los bueyes. Sus precipitaciones legislativas pueden hacer que muchas de sus iniciativas, al final, no sirvan para nada».

Le preocupa especialmente el proyecto de ley de Demarcación y Planta que elaboró el Ministerio de Justicia. «Me da auténtico miedo lo que puede salir de ahí», confiesa.

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