La presidenta de la Asociación de Personas Sordas de Ourense, María Isabel Fernández Álvarez, mostró el malestar de este colectivo, que en la provincia engloba a 700 sordos, de los que alrededor de la mitad viven en la capital: «Estamos ante una situación difícil porque a una persona sorda que se va a matricular para acceder a la educación tienen que ponerle intérprete el 100 % de las horas de clase, para que se forme como el resto de los estudiantes».
Caso repetido
Fernández Álvarez ve una discriminación clara en este caso concreto: «Si este problema se debe a los recortes, es una discriminación que no se puede consentir porque se repite una desigualdad que ya hemos sufrido en otro tiempo los sordos en educación».
Recuerda que hace diez años hubo un sordo ciego en un centro de A Coruña al que no le ponían intérprete. «Los profesores se pusieron en huelga y la consellería ¡vaya si puso al intérprete!», señala la presidenta ourensana, para quien permitir este tipo de discriminaciones es una vuelta atrás.
«Una persona sorda está capacitada como el resto para cualquier nivel de estudios. Lo único que necesita al lado es un intérprete. Queremos que permitan la igualdad de condiciones para estas y otras personas», sentencia María Isabel Fernández, que confía en que la solución a este problema se dé cuanto antes para beneficio de la joven que estudia.