Dinero y propiedades pudieron servir para un contrato de 9,2 millones
04 oct 2012 . Actualizado a las 18:29 h.La polémica adjudicación del servicio de recogida de basuras en la ciudad de Ourense está en el punto de mira de la investigación de la Pokémon. La jueza abrió una investigación para tratar de saber si quienes se beneficiaron del suculento contrato hicieron pagos en efectivo a personas vinculadas con el Concello. Incluso estos presuntos sobornos pudieron consistir en el regalo de algunas propiedades, en concreto pisos.
Parecía que una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense, dando por buena la adjudicación de la recogida de las basuras a una unión temporal de empresas formada por FCC, Copacsa y Gesco pondría punto final a la polémica. Pero no ha sido así. La concesión más cara del Concello de la ciudad de As Burgas acabará seguramente con imputados en la operación Pokémon.
Desde hace unos días, un grupo de investigadores se detienen en revisar si el servicio se adjudicó de forma limpia o si, por el contrario, hubo algún tipo de soborno. Incluso quienes hace ahora tres años denunciaron que el concurso estaba amañado podrían ser llamados a declarar para aportar los datos de que dispongan.
En su momento, el portavoz del grupo municipal del PP, Poly Nóvoa, encendió las alarmas. Y le costó una denuncia del alcalde, Francisco Rodríguez. Sin embargo, el juez que se ocupó del asunto la archivó.
La adjudicataria del servicio, Ecourense, recibe anualmente de la institución municipal una cantidad de 9,2 millones de euros. Esta cuantía se actualiza anualmente durante el decenio que dura la concesión, aunque cabe la posibilidad de que se renueve por otros dos más, según las bases del concurso.
La cifra total del negocio durante este período es de 120 millones . Es precisamente este volumen de dinero el que motiva que los investigadores se centren en el mismo toda vez que en las intervenciones telefónicas que efectuaron en los últimos meses a diversas personas vinculadas al consistorio ourensano sacaron a relucir muchas cuestiones que les obligan a investigar si el concurso fue limpio.
El juez que emitió la última sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior, concluía que la puntuación final atribuida por la mesa de contratación a la adjudicataria «no ha incurrido ni en irracionalidad, ni en arbitrariedad manifiestas, ajustándose a los criterios preestablecidos en los correspondientes pliegos de condiciones». La sentencia da por válidos los razonamientos aportados por los servicios técnicos y jurídicos del Concello.