Un testigo reconoce que ya se habían apalabrado varios anuncios
03 oct 2012 . Actualizado a las 09:56 h.Los polémicos paneles publicitarios de Ourense nunca llegaron a colocarse, pero, de haberse materializado el proyecto, las pantallas gigantes que se iban a instalar en cuatro puntos estratégicos de la ciudad de As Burgas hubiesen emitido todo tipo de anuncios públicos y privados, incluyendo propaganda de clubes de alterne.
Así se confirmó ayer durante la segunda sesión del juicio que sienta en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial a los ex tenientes de alcalde del Concello de Ourense Alexandre Sánchez Vidal y Andrés García Mata, y al exdirector general de Turismo David Cortón -todos del BNG cuando ocurrieron los hechos, aunque actualmente desvinculados de esa formación-, así como al exjefe de servicio de Turismo Elías Domínguez y a los dos socios de la empresa O Afiador, Daniel Conde y Omar Bouzo. Un testigo que fue contratado por la firma para buscar anunciantes reconoció que tenían «compromisos verbales» y que se llegaron a grabar anuncios publicitarios. Uno de ellos era para un club de alterne de San Cibrao das Viñas.
Respecto a las circunstancias en las que se habría producido la presunta adjudicación del proyecto sin concurso público previo y con interés por parte de los acusados de beneficiarse económicamente, asunto sobre el que gravita el juicio, el asesor jurídico del Concello declaró que no participó en la redacción o asesoramiento de un convenio o acuerdo firmado entre Sánchez Vidal y O Afiador, por el que se autorizaba la instalación de los paneles y su explotación durante 40 años. «El informe jurídico se hizo después», reconoció el testigo, quien aseveró que el expediente relativo al proyecto se retrotrajo cuando llegó a la junta de gobierno. De todos modos, aseguró que en su opinión la firma de aquel acuerdo es «un acto nulo».
También declaró ayer el empresario al que los socios de la firma le encargaron la realización de las zanjas en las que se colocarían las pantallas. Aseguró que firmó un contrato con O Afiador y que en el documento constaba una instancia en la que se solicitaba al Concello autorización para las obras. Sin saber que estaba haciendo un trabajo para el que no existía autorización alguna, el empresario mandó a sus obreros a realizar los socavones en zonas tan céntricas como el parque de San Lázaro. Se hicieron tres antes de que saltara la voz de alarma y se denunciasen los hechos.
Los acusados se enfrentan ahora a penas de entre 1 y 5 años de prisión por delitos de cohecho, prevaricación y falsedad. El juicio continuará el jueves.