En diciembre del año pasado, el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, presentó ante los diputados del Parlamento gallego un plan de control para prevenir la corrupción en las Administraciones públicas. Se trata de crear un órgano de control como los que ya existen en otros países, por ejemplo Portugal, donde fue creado un consejo de prevención de la corrupción. Pero esa propuesta de la Fiscalía gallega no ha tenido hasta el momento el eco esperado por sus promotores. El fiscal explicó en el Parlamento que la corrupción tiene unos elevados costes «e aféctalle a toda a sociedade dunha forma transversal, xa que mina a confianza dos cidadáns coas súas institucións». En la propuesta de la Fiscalía se advierte: «Se nada facemos, se non damos unha resposta axeitada, corremos o risco de caer na caza de bruxas e no descrédito total».
Tráfico de influencias
En definitiva, con ese plan se trata, según la Fiscalía, de prevenir los riesgos de gestión y de corrupción, además de otras infracciones que pueden darse en el ámbito público como las negociaciones prohibidas a funcionarios y el tráfico de influencias. La Fiscalía señala en su propuesta la necesidad de controlar determinados departamentos de las Administraciones públicas que tienen un mayor riesgo, como son los de urbanismo, contratación de obras, concesión de subvenciones y emisión de licencias urbanísticas. Esos departamentos deberían contar, a juicio de la Fiscalía, con planes de riesgo.
El control lo ejercería un órgano administrativo independiente que podría operar desde la proximidad del Tribunal de Contas. Ese órgano, que podría denominarse Consello de Prevención da Corrupción, elaboraría una guía de actuación para las distintas Administraciones públicas. En ese documento se establecerían las principales actividades y se identificarían los riesgos y las personas que son responsables de cada departamento, al tiempo que se fijarían las medidas de control propuestas.