Imputan por supuesta prevaricación al alcalde de Viveiro y a un exedil del BNG

El Juzgado ha dictaminado seguir las diligencias abiertas por el caso de las licencias de obra que fueron adquiridas entre el 2006 y el 2008, por el procedimiento de silencio administrativo contra Melchor Roel

la voz

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Viveiro ha dictaminado seguir las diligencias abiertas por el caso de las licencias de obra que fueron adquiridas entre el 2006 y el 2008, por el procedimiento de silencio administrativo contra el alcalde viveirense, Melchor Roel (PSOE), el exedil del BNG Francisco Luis Rodríguez Guerreiro y el técnico Manuel Cortón, al considerar que los hechos que investiga podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación urbanística. Además emplaza tanto al Ministerio Fiscal como a la acusación particular que ejerce el actual presidente del PP local, César Aja, a solicitar en el plazo de diez días la apertura de juicio oral, u optar por el sobreseimiento de la causa o, de forma excepcional, a solicitar diligencias complementarias.

El auto judicial acuerda además el sobreseimiento provisional de las actuaciones abiertas contra otros siete ediles, del PSOE, el BNG y EU, así como de la ex secretaria municipal. En los fundamentos jurídicos se explica que de las declaraciones prestadas, y teniendo en cuenta los informes de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística se desprende la existencia de indicios racionales de criminalidad, «con la provisionalidad propia del momento procesal en el que nos hallamos» e imputa a Roel y al que fue su teniente de alcalde la concesión de licencias de edificación, «careciendo de los informes técnicos y/o jurídicos necesarios, y/o de las autorizaciones sectoriales correspondientes». Aluden a las licencias de obra que fueron abordadas en tres juntas de gobierno del 2006, en dos del 2007 y en una del 2008.

La jueza citó a declarar en diferentes ocasiones, y en calidad de imputados, a los miembros de las diferentes juntas de gobierno local, desde el año 2006 al 2008, cuya acusación fue sobreseída. Considera que los ediles «no tenían, cuando menos, la intención de dictar una resolución administrativa contraria a la normativa urbanística». Añade que «parece, indiciariamente, actuaban en la creencia de que se respetaban los trámites procedimentales». Considera además que la ex secretaria municipal dio una explicación «convincente sobre su intervención».

El regidor desconocía el auto y calificaba la situación de «alucinante». Roel aseguró alegrarse por sus compañeros, pero considera raro que solo se impute a dos miembros de la comisión de gobierno.

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